El dictamen de Medicina Legal no deja lugar a dudas: no estamos frente a cuatro homicidios en el caso de un conflicto armado, sino ante cuatro asesinatos, cometidos contra personas en total estado de indefensión y mediante disparos a corta distancia y por la espalda. Se trata de un acto repugnante.

Además, no puede verse simplemente como el fusilamiento de prisioneros de guerra  -que en todo caso, si lo hubiesen sido tendrían que haber recibido un trato adecuado a los Convenios de Ginebra-  sino de la muerte de secuestrados, mantenidos en la selva en forma inhumana por muchos años, torturados y debilitados.

Queda claro que los integrantes de esa organización criminal carecen hoy de todo argumento que justifique desde el punto de vista político su existencia y su actividad. Si alguna vez tuvieron motivaciones altruistas; si persiguieron objetivos de reivindicación social; si pretendieron, con base en una ideología de izquierda, protestar contra el sistema o contra el régimen, de todo ello no queda ningún rastro; ni el más mínimo vestigio.

Hoy no se puede hablar de una organización alzada en armas en rebeldía contra el establecimiento, sino de un grupo desordenado y salvaje de desalmados, que se dedica al secuestro, al narcotráfico y al terrorismo.

Es evidente que los únicos responsables de esta masacre son los guerrilleros de las FARC, y no es justo que se sindique a la Fuerza Pública de haberla provocado al efectuar operaciones militares en la zona.

Pero, desde luego, debemos reflexionar sobre lo acontecido, por cuanto no se trata de un asunto menor sino del más sagrado de los derechos humanos –el de la

vida-, que las autoridades públicas y el ordenamiento deben privilegiar ante cualquier otro objetivo en el cumplimiento de sus funciones.

No es la primera vez que ocurre. Ya había pasado en el caso de Consuelo Araujo; en el de Urrao; en el de los once diputados vallecaucanos. Quienes custodian a los secuestrados tienen la orden de matarlos si se aproxima el Ejército, o si detectan algún intento de rescate armado. Ese es el dato que tenemos ya probado, y del cual debemos partir al adoptar decisiones.

Entonces, ante ese hecho incontrovertible, si la Fuerza Pública no tiene una probabilidad razonable de poder llevar a cabo el operativo sin peligro para la vida y la integridad de los plagiados, es mejor que lo piense dos veces.