De manera cuando menos inoportuna, pues tiene todas las trazas de una indebida presión gubernamental sobre la Corte cuando ella se apresta a proferir fallo acerca del referendo, el Ministro Londoño anuncia que volverá a presentar su regresivo proyecto de reforma en materia de justicia.
Quiere que la Corte ejerza su función de control bajo las directrices y orientaciones que él le imponga, y para lograr someter la voluntad de los magistrados no vacila en mostrarles el látigo de una enmienda constitucional que despojaría a ese cuerpo de sus primordiales facultades y lo reduciría a juguete de bolsillo, dúctil y manipulable; de armar y desarmar.
Claro está, los magistrados tienen la palabra y en sus manos está no sólo la suerte de la Ley que convoca el referendo sino su propia independencia. Ellos verán si admiten que, como varias veces ha querido hacerlo Londoño, el Gobierno les ponga un collar, los domestique y ablande, al igual que ocurre con el Congreso.
Obviamente, es posible que el Ministro quiera también sacar de casillas a los magistrados, para que hagan declaraciones públicas que luego implicarían impedimento al instante de fallar sobre la propia reforma, si es acusada por vicios formales.
Creemos que la Corte no caerá en la trampa, y seguirá –como hasta ahora- profiriendo sus sentencias, sin importar si son o no del agrado de quienes ejercen el poder, toda vez que su compromiso no es con Uribe sino con la Constitución y con los principios, los derechos y las libertades que ella garantiza.
Entre tanto, aunque la carta del Ministro está dirigida a los presidentes de las altas corporaciones de justicia, los ciudadanos debemos responderla abriendo un gran debate público sobre la propuesta. Y tenemos derecho a que se nos explique la razón para este nuevo retroceso en materia de Derecho Público, que, junto con el proyecto de Acto Legislativo “antiterrorista” y con la llamada “reestructuración del Estado”, pretende acabar con lo más preciado de la Constitución democrática de 1991.
Cuando termine el Gobierno actual, el país deberá emprender una ardua tarea de reconstrucción institucional, a partir de los escombros de la Carta Política, para recobrar el sentido democrático de su ordenamiento.
Desde ya, por ejemplo, es necesario pensar en restablecer el Ministerio del Trabajo; en modificar sustancialmente el nuevo régimen laboral y de pensiones; en derogar la reforma tributaria; en cambiar el rumbo de la neoliberal política económica; en devolverle fuerza a la tutela; y en rescatar los órganos judiciales que ahora quiere el Ejecutivo desmantelar.
Allí estaremos los demócratas para asegurarnos de que esa reconstrucción se adelante. Entonces, este habrá sido apenas un mal sueño.
