Como es bien sabido, quien esto escribe no es partidario de la reelección presidencial; no lo fue en el año 2004, cuando se aprobó el Acto Legislativo de Yidis y Teodolindo, ni lo es ahora, cuando se busca por la vía del referendo una nueva modificación constitucional que permita reelegir al actual Presidente.

El motivo de esa discrepancia no guarda relación con el nombre, ni con la persona del Presidente, ya que se trata de una posición intelectual respecto a la reelección en sí misma, que no debería ser parte de una institucionalidad genuinamente democrática, toda vez que cierra las posibilidades de renovar el gobierno y cercena la igualdad entre los aspirantes, favoreciendo con todas las ventajas a quien ejerce efectivamente el poder.

Estas características perversas de la reelección se pueden apreciar hoy, a nivel institucional, en el fenómeno ostensible de la concentración del poder presidencial y en el control del Jefe del Estado -al participar decisivamente en su composición-  sobre organismos como la Corte Constitucional, la Junta Directiva del Banco de la República, la Fiscalía General, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para mencionar apenas algunos, neutralizando de hecho los frenos y contrapesos que según Montesquieu deben caracterizar al Estado de Derecho.

No obstante este criterio, nuestra concepción sobre el alto concepto de la política  -que no identificamos con la acción electorera, ni con el clientelismo, ni con las prácticas ilícitas de manipulación del electorado- nos impide compartir la actitud que en las últimas horas han asumido dirigentes de los partidos Liberal y Polo Democrático, quienes se han unido y buscan hacia el futuro profundizar esa unión, alrededor de un solo propósito: bloquear la reelección de Uribe.

La política, en el alto concepto que le corresponde  -que implica el conocimiento y decisión, desde diferentes vertientes ideológicas, sobre los grandes asuntos que interesan a la sociedad y al Estado, con miras a cristalizar en la práctica, en el Gobierno, los valores y principios que se profesan-  no puede circunscribirse al limitado objetivo de “cerrar el paso a alguien”, entre otras razones porque necesariamente ello ocasiona que ese alguien convoque la solidaridad de los votantes, al considerarlo perseguido y víctima de una conspiración.

Unirse tan sólo para atajar a Uribe, cuando ni siquiera existe hoy por hoy una norma constitucional que autorice la segunda reelección y cuando el Presidente, por tanto, no ha expresado oficialmente sus intenciones de candidatizarse, significa empequeñecer la política, despojándola de sus finalidades esenciales, y asumir una posición obstruccionista, que en esa medida es negativa, sin programas de gobierno y sin postulación de ideas.

Se habla de consultas entre los partidos proponentes, para unificarse desde ahora alrededor de un candidato que se enfrente a Uribe, lo que a nuestro juicio, fuera de ser prematuro, tendrá el efecto de precipitar a la vez la unión entre quienes simpatizan con la segunda reelección, logrando tal vez un propósito contrario al perseguido.