La liberación por parte de la Fuerza Pública del niño Vytis Karanauskas, de tres años, a quien delincuentes mantenían secuestrado en Bogotá, constituye una buena noticia, no solamente por lo que significa la efectividad sin sangre de la Policía y de su grupo Gaula   –que merece destacarse- sino por el hecho de que  podamos celebrar que, no obstante el ya pasado sufrimiento que implicó el secuestro en la persona del menor, se haya salvado su vida e integridad: que no tengamos que lamentar, como tantas veces ocurre entre nosotros, la muerte o las heridas de las victimas más inocentes e indefensas de todas cuantas produce el clima de violencia dominante.

Bajo la perspectiva de nuestras instituciones y de los compromisos internacionales de Colombia, no podemos dejar de subrayar que los niños constituyen el grupo de la población  teóricamente más protegido pero en la dura realidad el más abandonado; el que casi siempre resulta sacrificado sin explicación y muchas veces ante la indolencia de la sociedad, para la cual las noticias pasan y se evaporan con desconcertante facilidad, unas tras otras.

Basta recordar el ya incontable número de “balas perdidas” que han acabado con las vidas de  niños que  simplemente han pasado al olvido.

Y ya que Colombia  no puede ser ajena al conflicto en Irak porque,  de hecho y sin consulta, nos comprometieron en su apoyo, tampoco podemos dejar de horrorizarnos cada día ante la enorme injusticia que allí se comete a diario con los niños, independientemente del bando al que sean imputables los ataques.

Contemplar, por ejemplo, los niños mutilados, los hambrientos, los enfermos, los traumatizados psicológicamente por la violencia del combate –que son todos-, los que permanecen  a la espera de la muerte o los que ya murieron en ese feroz enfrentamiento,... hace pensar en la ineficacia de las normas, y preguntarse con desengaño y realismo de qué han servido las declaraciones universales y, los códigos expedidos en las legislaciones internas para protegerlos, o el Derecho Internacional Humanitario que ordena su preservación durante los conflictos armados.

Quienes profesamos el Derecho y creemos en él como la única vía civilizada para introducir el orden en el seno de la sociedad y para regular las relaciones entre los pueblos, nos hallamos perplejos al  corroborar su carácter teórico cuando se presentan hechos tan terribles como los de Irak, o los de nuestra guerra interna, teniendo por víctimas permanentes precisamente a aquéllos a quienes el orden jurídico rodea de mayores garantías.