Si algo resulta del artículo 378 de la Constitución en materia de referendo constitucional, en cuanto mecanismo de participación democrática, es la plena y auténtica libertad de la que deben gozar los electores al responder favorablemente o en contra a cada una de las preguntas contempladas en la Ley de convocatoria, o al abstenerse de acudir a las urnas en señal de rechazo a la propuesta, sin manipulaciones ni interferencias.
Los servidores públicos, y ante todo el Presidente de la República, pueden participar activamente en este proceso, como lo ha expresado en reciente circular el Procurador General de la Nación, pero al hacerlo, si bien están en posibilidad de hacer campaña por una cualquiera de las tres opciones existentes -el SI, el NO y la ABSTENCIÓN-, todas ellas legítimas dentro del concepto democrático del referendo, han de tener mucho cuidado en el sentido de no utilizar el poder ni los medios oficiales para presionar a los ciudadanos o provocar el voto en cualquier sentido haciendo uso del cargo que se desempeña.
No es adecuado, entonces, que prevalido de la autoridad que le ha sido encomendada por elección popular, el Jefe del Estado se dirija a los candidatos y a la sociedad en general para presentar un panorama de catástrofe económica en municipios y departamentos si no se aprueba el referendo. En el fondo, eso implica coacción, con miras a triunfar en un certamen que todos los días se aleja más del concepto específico y adecuado del referendo, y se parece progresivamente a un plebiscito, a favor o en contra de la figura presidencial. Casi diríamos que se lo quiere convertir en la plataforma de lanzamiento, desde la misma presidencia, de la campaña por la reelección del actual mandatario.
Decirles a los candidatos a alcaldías y gobernaciones; a asambleas y concejos, que si el referendo es negado o no votado en la cantidad requerida para su validez no podrán gobernar ni administrar, pues no habrá recursos disponibles para hacerlo, es manipular inescrupulosamente el proceso y renunciar a la función básica del Gobierno, que tiene a su cargo la dirección general de la economía y goza de todos los instrumentos institucionales para promover el desarrollo en la Nación y en las regiones y localidades.
Definitivamente, carece de presentación y es desleal con los electores preparar desde ahora la disculpa del fracaso gubernamental en esas materias -prácticamente se trata de no asumir las responsabilidades inherentes al mando-, diciendo que la ruina financiera se avecina en municipios y departamentos, y que la única vía de salvación es el referendo.
Es suficiente, por el contrario, consultar el contenido de las preguntas que habrá de responder el pueblo el 25 de octubre –que no solucionan ni de lejos los gravísimos problemas de todo orden que afectan a los colombianos- para comprender que se utiliza un engaño con miras a obtener una aprobación plebiscitaria anticipada de la gestión del gobernante. Y ya veremos que, aun siendo aprobado el referendo en todos sus aspectos –incluidos lo de índole fiscal-, la Nación seguirá su tendencia, que no es otra distinta de abandonar departamentos y municipios a su propia suerte.
