De las ambiguas palabras del Relator de Naciones Unidas, Leandro Despouy, antes de abandonar el territorio colombiano, se concluyó en general que no le pareció grave el conflicto existente entre el Presidente de la República y la Rama Judicial –en especial, con la Corte Suprema de Justicia-, o que quizá, para él, no existe conflicto alguno.
Pero el conflicto está presente, como lo comprobamos al escuchar el discurso del Presidente de la Corte Suprema durante el Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, y como lo vimos el sábado último cuando el Presidente de la República reclamó una vez más a los magistrados aplicar el rigor jurídico en sus decisiones, lo que no es de poca monta cuando proviene del Jefe del Estado frente al máximo tribunal de esa jurisdicción.
El enfrentamiento, según esas posiciones de las partes –que en la actualidad lo son, como si estuvieran en el cuadrilátero- no tiene posibilidades de disminuir, y menos de terminar mientras siga adelante la Corte, como lo viene haciendo, con los procesos de la “parapolítica” (esa es su función, y los magistrados prevaricarían si no la ejercieran) , y en cuanto el Presidente continúe pensando –sería bueno establecer si cuenta con elementos de juicio suficientes para que esa sea más que una simple intuición- que todos esos procesos lo tienen a él como objetivo final.
No entendemos cómo el funcionario de la ONU puede creer que la actual situación no es grave, al menos no tan grave como para merecer su intervención, si bien reconoce que hay unas “tensiones”, respecto de las cuales ofrece, si fuera útil, algún tipo de “facilitación” para solucionarlas.
Lo que hay es un lamentable y persistente proceso de desinstitucionalización, no solamente por el choque entre el Presidente de la República y los magistrados, sino también por el desprestigio del Congreso; por la manera politiquera y clientelista como están siendo elegidos los nuevos magistrados y las cabezas de los organismos de control; por los cruces de favores entre unos y otros, como lo ha denunciado Uribe al hablar del famoso “roscograma”; por los frecuentes errores cometidos en los procesos penales; por la desconfianza que está generando en los ciudadanos la increíble morosidad en los procesos, y el manejo descuidado de los mismos; por las constantes peleas entre las altas corporaciones, que han llevado inclusive a deducir el Consejo de Estado y la Corte Suprema que cabe una tutela no consagrada en la Carta Política contra los fallos de la Corte Constitucional; por las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República sin coordinación alguna con el Gobierno.
En fin, las instituciones colombianas están en crisis. En una crisis cuya gravedad no podemos ocultar, ni conviene disimular, y que nos va a conducir –usando la expresión de Uribe- a una hecatombe que no se solucionará con la ola de reelecciones programadas para todos los cargos.