Por José Gregorio Hernández Galindo

Director de ELEMENTOS DE JUICIO

Ha quedado claro para el Gobierno, para la opinión y para todos los usuarios que el sistema de salud actualmente vigente en Colombia  se encuentra en crisis. Y no parece que sea ella transitoria, o superable, sino definitiva.

Sobre las graves falencias de este desafortunado esquema ha venido advirtiendo desde hace varios años la Corte Constitucional, en una de cuyas últimas audiencias pudo concluirse que, tal como están las cosas, se ha convertido en un negocio lo que en el Estado Social de Derecho tendría que ser un servicio público al alcance de todas las personas.

La magnitud del problema es de tales características que ya prácticamente se ha salido de control, y no se ve que en el corto plazo pueda haber alguna solución viable y efectiva.

Al respecto no se necesitan muchos estudios técnicos o económicos, ya que la crisis está ampliamente diagnosticada, y la salud en el país prácticamente desahuciada.

La vida diaria ofrece miles de ejemplos, cuando las EPS niegan a los usuarios los servicios más elementales, y cuando las tutelas, en su mayor parte, tienen que ser concedidas por los jueces respecto a medicamentos, intervenciones y tratamientos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.

Ante las últimas estadísticas, ha quedado derrotada la tesis esgrimida por los intermediarios, según la cual las tutelas se conceden sólo para servicios cosméticos o estéticos.

No. En su mayoría, se están concediendo para lo más indispensable con miras a salvaguardar la salud y la vida de las personas.¿Qué sería de mucha gente en este país de no haber sido por la acción de tutela y por el que muchos critican sin razón y que denominan "activismo de los jueces"?

El "paseo de la muerte" no ha cesado, y es muy frecuente encontrar que una persona fallece a las puertas de un centro asistencial esperando a ser atendida después de un recorrido fatal por otros que no la han aceptado. Y se cuentan por miles los casos en que las enfermedades avanzan y se convierten en mortales por la falta de un diagnóstico oportuno, por la cita tardía y ya inútil, o por la receta de medicamentos ineficaces, a la que se ve obligado el médico merced a imposiciones de la EPS respectiva.

La Ley 100 de 1993 y sus cientos de decretos reglamentarios, resoluciones y circulares plasman un ordenamiento tan complicado que resulta incomprensible para los especialistas en el tema. Tanto peor para el enfermo, para el afiliado a la seguridad social, para los mismos médicos. Ese laberinto normativo está compuesto por expresiones y siglas extrañas, y por vericuetos que, en vez de facilitar la adecuada atención, suelen mostrar a las entidades responsables los caminos "jurídicos" para sacrificar los derechos del paciente.

Hasta ahora, las medidas adoptadas por el Gobierno e inclusive las consignadas en normas legales recientes no han permitido una verdadera reestructuración, e inclusive puede sostenerse que han contribuido a agravar la situación existente. Pero los aportes sí se recaudan y se dice, sin embargo, que el sistema está desfinanciado.

Se puede afirmar sin temor a equivocarse que el sistema de salud consagrado en las disposiciones vigentes ha colapsado.

Lo que debemos preguntar al Ejecutivo es si tiene ya clara conciencia sobre las verdaderas dimensiones de la catástrofe en salud; si considera que ha llegado el momento de replantear el sistema, no parcialmente sino en su totalidad; si tiene algún plan en estudio o ya culminado para ese replanteamiento, y si las modificaciones serán examinadas de cara al país, con participación de los usuarios, o si todo se programará en beneficio de los negociantes de la salud.