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Era de esperar que la demagogia y la política barata comenzaran a buscar sus pequeñas o grandes ganancias a partir del fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en cuanto a la delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua, aprovechando además la pusilánime actitud del Gobierno, que no fue enteramente  culpable de los errores cometidos durante once años a lo largo del proceso, pero que parece estar mal asesorado y, en consecuencia, un día dice una cosa y al día siguiente la contraria o una diferente, o habla por boca de uno y otro ministro de manera descoordinada, dando verdaderos “palos de ciego”.

 

En efecto, sobre la incoherencia del Ejecutivo habla por sí sola la intervención televisada del presidente de la República la misma noche del día en que, desde Holanda, se leyó la providencia, pues manifestó a la vez que el fallo era inapelable, que lo respetaba pero que lo rechazaba. No definió si “rechazarlo” era igual a “desacatarlo” –que es lo que le aconsejan los hirsutos amigos de solucionar todo a plomo-, y no fue nada claro en la referencia a los recursos jurídicos a los que acudirá.

 

La Ministra de Relaciones Exteriores  -quien había anunciado en mayo sin elegantia juris que la Corte de la Haya era “salomónica” porque a las partes “les da cositas”, y que, por ende, podíamos esperar que “nos quitaran alguito”- ha intervenido varias veces y otras tantas se ha enredado en las respuestas. Dijo a los congresistas que “esta no la vamos a pasar así  no más”, olvidando que su papel no es el de mamá regañona sino el de Canciller de la República, y  que lo menos que se esperaría de ella sería el uso de un lenguaje jurídico preciso, para hacernos saber a los colombianos cuál es finalmente el recurso, la acción o el incidente que, en su criterio –suponemos que informado- cabe entablar. Agregó que "no vamos a permitir que a Colombia le destruyan de un momento a otro un departamento, que fue lo que (los magistrados de la CIJ)  hicieron" Después sostuvo que se estudia la posibilidad de denunciar el Pacto de Bogotá de 1948, Americano de Soluciones Pacíficas de Conflictos, aunque sabemos que eso de nada serviría frente a un fallo ya dictado y en firme por el cual se puso fin a un proceso al que Colombia compareció.

 

El Ministro de Defensa también ha intervenido, con lenguaje agresivo, aunque no le corresponde manejar las relaciones internacionales de Colombia. Función que tampoco le toca al Ministro del Interior, aunque éste  también ha hablado varias veces, señalando que hay muchas dificultades para cumplir el fallo; que es necesario reformar  la Constitución para modificar los límites pero que, de todas maneras, Colombia respeta el Derecho Internacional, es decir que no desacatará el  fallo.

 

También han hablado de declarar el Estado de Emergencia Económica y Social para atender a las necesidades desde hace años represadas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ante los cual comienzan las preguntas acerca de cómo verá esa figura la Corte Constitucional, que siguiendo el texto del artículo 215 de la Constitución, ha reiterado que el Estado de Emergencia no cabe sino cuando se trata de hechos “sobrevinientes”. ¿Lo es que un tribunal internacional –el máximo de Naciones Unidas- haya dictado un fallo respecto a un proceso en que era parte Colombia –que tenía sus abogados- y que duró once años?  ¿Lo dirá la Corte, que quizá cambie su jurisprudencia para evitar ser criticada por “antipatriota”, o dicte una sentencia de inexequibilidad con “efectos diferidos” para que comience a surtir sus efectos después de varios años?

 

Ahora el presidente de la República vuelve a hablar, y manifiesta haber dado a la Canciller una orden en el sentido de entrar en contacto con Nicaragua.

 

Ante todo esto, los colombianos, y en especial los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y también los abogados y académicos, el Congreso y los partidos, no hemos sabido para dónde va el Gobierno. Nos preguntamos: ¿en qué quedamos, señor Presidente?

 

Y los políticos oportunistas le piden a gritos que desacate la sentencia, como si eso fuera tan fácil; como si Colombia no estuviera obligada; y como si no existiera la norma del artículo 94 de la Carta de San Francisco, constitutiva de Naciones Unidas, que dice: 

 

“1. Cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte.

 

2. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo.”

 

O como si el artículo 9 de la Constitución no exigiera que nuestras relaciones internacionales, además de la soberanía, también se rijan por el respeto a los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia.

 

O como si el artículo 101 de la Constitución no aludiera igualmente al Derecho Internacional respecto a los componentes del territorio, entre ellos el mar territorial, y sólo en subsidio al Derecho Interno.