POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
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2012: un año más que pasa a la Historia. A la Historia del mundo, a la de Colombia y a la de cada uno de nosotros.
En lo que concierne a los individuos, cada cual sabrá hacer su propio examen, y seguramente todos lo harán, para concluir si fue un año favorable, pacífico, útil, próspero, de progreso, o si, por el contrario en su vida personal, familiar, laboral o de negocios, transcurrió un período negativo, turbulento, inestable, desaprovechado, trágico o simplemente improductivo. Las empresas igualmente harán lo propio, reflejado probablemente en números; en el balance y en el estado de pérdidas y ganancias rubricado por el contador, con miras a la declaración de renta.
En el mundo, ha terminado un año de extrema tensión en distintos puntos del planeta, especialmente en Siria, en donde, como informábamos, la situación en materia de Derechos Humanos es de enorme gravedad. En ese país hay una verdadera crisis humanitaria. Día por día, hora por hora y minuto a minuto, se renuevan los ataques, los bombardeos, los disparos, las masacres, y se pierden las esperanzas de una solución razonable. La ONU fracasa en sus gestiones. Rusia y China siguen oponiéndose a una intervención internacional. Y potencias como Estados Unidos, Francia o Alemania, se contentan con rechazar de palabra la situación pero no hacen nada.
En una palabra, todo ocurre a ciencia y paciencia de la comunidad internacional y no aparece, ni de lejos, una posibilidad real de solución pacífica al conflicto, que en marzo de 2011 comenzó con protestas pacíficas en contra de las cuatro décadas de gobierno de Bashar Al Assad y su familia, pero que rápidamente y con gran violencia se ha convertido en una terrible guerra civil y en una masacre ininterrumpida.
Igualmente, el cierre del año en los Estados Unidos está marcado por la incertidumbre acerca de si las discrepancias políticas entre los partidos demócrata y republicano, reflejadas en lo económico, darán paso a un enorme vacío financiero y presupuestal, el precipicio fiscal, de repercusiones incalculables. Y el año en el país del norte ha estado también salpicado de violencia: masacre en Colorado, en donde un desquiciado masacró a muchas personas en una sala de exhibición cinematográfica, y en diciembre, el día 14, otro individuo –Adam Lanza- cometió un crimen atroz que estremeció al mundo: disparó contra su propia madre y después contra los niños y los maestros de una escuela en Newtown –Connecticut- : 26 personas fueron asesinadas, entre ellas 20 niños, pero la proliferación de armas de fuego en Estados , lejos de disminuir, se incrementa.
Según el diario The Huffington Post, en una tienda de armas cercana a la escuela de primaria donde ocurrió la matanza el 14 de diciembre, los rifles AR-15 (iguales al utilizado por el homicida Adam Lanza), son los más comercializados.
Fueron reelegidos Barack Obama y Hugo Chávez, en Estados Unidos y Venezuela, respectivamente, y en este último país culmina el año con la incertidumbre y la inestabilidad provocada por la enfermedad del Presidente reelecto, quien se encuentra en Cuba, sometido a los cuidados médicos post operatorios y en situación delicada, como lo ha reconocido Nicolás Maduro, Vicepresidente en ejercicio. Entre tanto en Colombia, quien haya escuchado el mensaje presidencial del 30 de diciembre se habrá percatado de la utilización mediática de sencillos raizales de San Andrés, incluidos niños, por parte del Jefe del Estado, para transmitir la idea de que su corazón y su alma, así como sus tardías promesas de inversiones, están al lado de los pescadores y sus familias, cuando todos los gobiernos –incluido el de Santos- abandonaron por años a los sanandresanos a su propia suerte, como si el territorio del Archipiélago no hubiera pertenecido a Colombia.
Tarde, muy tarde, se dieron cuenta los tecnócratas y los abogados que asesoran al Ejecutivo –tras décadas de ausencia estatal en la zona- de la importancia que tiene San Andrés para Colombia. Esa descubrimiento lo hicieron tan solo el 19 de noviembre, cuando comprendieron el alcance del fallo inapelable y definitivo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua, que puso un fin a un pleito de once años en cuyo curso Colombia se defendió mal, y que nos despojó de algo así como 70.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, que ahora es de los nicaragüenses.
Como en su momento lo dijimos en nuestras columnas, aunque fue contundente la Corte en lo que respecta a la plena vigencia del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 y en lo atinente a la soberanía colombiana, no solamente sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sino respecto de los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Este-sudeste, Bajo Nuevo y Alburquerque (lo dice el fallo expresamente), la verdad es que, con el trazado de una línea irregular y caprichosa, el Tribunal nos despojó de una parte no despreciable de nuestro territorio, por lo menos en lo atinente a los derechos de explotación económica del mar.
Ahora el Gobierno, partiendo de la base de que los abogados colombianos que había contratado antes son ineptos e ignorantes en materia de Derecho Internacional, ha resuelto contratar los servicios de una firma extranjera, cuando ya –a pesar de los altos costos que seguramente habrá de generar por honorarios- es muy poco o nada lo que puede hacer respecto a un fallo definitivo y en firme. Ahora el Presidente Santos se acuerda en un fin de año del mar de siete colores de San Andrés, cuando ya en buena parte no nos pertenece, asumiendo una actitud muy parecida a la de los amigos de última hora, que aparecen sólo el día del funeral para colmar de elogios al fallecido, con emocionadas palabras pronunciadas ante sus deudos. Para fastidio de ellos, más que para su consuelo. El cariño postizo y fingido, generalmente interesado.
Pero, más allá de la extemporánea presencia presidencial en San Andrés, cabe decir que el optimismo del doctor Santos sobre la situación del país contrasta con lo que sienten muchos colombianos en su vida diaria. Una Colombia, según él, con más empleo y menos pobreza, cuando en realidad las cifras sobre disminución del desempleo incluyen a los que trabajan sin remuneración y el desempleo disfrazado, y cuando, en lo concerniente a la pobreza, ocurrió en realidad otra cosa, como lo destacó certeramente la publicación virtual www.gerencie.com desde el 5 de septiembre de 2011, en los siguientes términos: “… el gobierno ha considerado que si una familia compuesta por 4 personas tiene ingresos mensuales superiores $748.316, sale de la pobreza, esto es, que un colombiano que devengue mensualmente más de $187.079 ya no es pobre.
Con estas cifras, estadísticamente sin duda la pobreza desaparece. Los informes financieros darán perfecto. Así como en Colombia la noche es día, no tener para comer no es sinónimo de pobreza. Y es que en efecto, con 187.000 pesos no es posible comer tres veces al día durante 30 días. Significaría que cada comida no puede costar más de $2.000, lo que no es posible con el alto precio de los alimentos, y olvidando, claro está, que además de comer hay que vestirse, pagar arriendo, servicios públicos, transporte, y hasta comprar el acetaminofén que en la EPS ya no dan. Es absolutamente imposible que con esos ingresos una persona pueda sobrevivir dignamente. Eso no es ser pobre, es ser miserable puesto que lo que devenga no alcanza ni para lo mínimo esencial”.
Es lo que me preguntaba un trabajador al escuchar cómo presentaba Juan Manuel Santos sus alentadores signos económicos: “Si la economía va tan bien, ¿por qué mi salario mínimo va tan mal?”. Y en realidad, uno se pregunta: si las empresas, en especial las financieras pero también las industriales y comerciales, están ganando tanto, y además el Estado les suaviza ostensiblemente la carga tributaria para gravar en cambio con dureza a la clase media, ¿cuál es la razón para un reajuste pírrico, insignificante y hasta ofensivo ($22.000 mensuales) en el salario de los colombianos más pobres? También decía el Presidente que, “con las reformas constitucionales y las leyes que se han aprobado en los últimos 2 años y medio estamos avanzando hacia un país más moderno, más progresista y, sobre todo, más justo”. Al respecto, basta recordar que el Congreso acaba de aprobar una regresiva reforma tributaria propuesta por el Gobierno, que beneficia a las grandes empresas multinacionales e incrementa los tributos para las rentas de trabajo. Y no olvidar el Acto Legislativo 3 de 2011, ya en plena aplicación, que supedita los derechos económicos y sociales de los colombianos, y en realidad muchos fundamentales como la salud, a la sostenibilidad fiscal, un concepto vago y gaseoso que ha aplazado indefinidamente los postulados del Estado Social de Derecho plasmado en la Constitución de 1991. Y, en cuanto a la justicia de la que habla el Presidente, resulta al menos muy curioso que resalte “un país…sobre todo más justo”, cuando uno de los acontecimientos más vergonzosos del año fue precisamente el episodio de la frustrada reforma a la administración de justicia.
A propósito, reiteramos uno de nuestros últimos ANÁLISIS sobre el tema, para no cargar todas las responsabilidades en el Ejecutivo:
“En época de balances e inventarios sobre lo acontecido en el año 2012, hablando del aspecto jurídico, el personaje nefasto del año fue la frustrada reforma a la administración de justicia. Un hecho vergonzoso por donde se le mire, en cuyo desarrollo quedaron mal todos los protagonistas: La Rama Legislativa –que aprobó un articulado inútil frente a las reales necesidades del sector, pero muy conveniente para el beneficio irregular de sus propios integrantes-; la Ejecutiva, que impulsó durante más de un año el mediocre proyecto y que cuando, después de aprobado, percibió su impopularidad, lo hundió por un procedimiento inconstitucional, con la colaboración del Congreso y el incomprensible respaldo del Fiscal General . Y la actuación de los magistrados de las altas Cortes no pudo ser más penosa, preocupados sólo por el alargamiento de sus períodos y por el aumento en la edad de retiro forzoso. Inclusive, un Consejero de Estado que ya había llegado a ella y ha debido retirarse, logró permanecer en el cargo merced a discutible tutela concedida por el Consejo de la Judicatura en medio de la confusión causada por la reforma.
El Consejo de Estado tumbó la elección que de la Fiscal General había hecho la Corte Suprema, y sobre el actual Fiscal las Cortes no saben cuál será su período. Fallos como los relativos a la sostenibilidad fiscal o el que convalidó la entrada en vigor de la primera reforma tributaria de Santos pese a su extemporánea promulgación, mostraron una progresiva pérdida de independencia de la Corte Constitucional.
Finalmente, las monumentales derrotas de Colombia en los tribunales internacionales: la Corte Internacional de La Haya sobre delimitación marítima con Nicaragua –con los palos de ciego del Gobierno antes y después del fallo-, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la masacre de Santo Domingo.
En fin, las ramas del poder público perdieron el año en materia jurídica”. Pero no solamente culminó el año 2012 sin mayor justicia, porque los colombianos seguimos ante la congestión en todos los despachos judiciales –altos, medios y bajos-, con la consabida mora judicial –proceso que duran quince y dieciséis años-, el formalismo y hasta la corrupción en algún sector de la administración de justicia, sino que también hay crisis, y no de escasas proporciones, en la salud. Decíamos al respecto en una de nuestras columnas:
“La pésima atención a los usuarios. Las colas interminables. La dictadura de los funcionarios y funcionarias de ventanilla. El descuido generalizado en muchas empresas prestadoras de tales servicios. La tendencia a restringir por razones económicas la actividad de los médicos en la formulación de los medicamentos que requieren los pacientes. La tramitomanía en las EPS y las IPS, que, aplicando un concepto inhumano, se hace prevalecer sobre la obligación de asistencia inmediata en casos de urgencia. La desviación de los recursos de la salud a finalidades distintas. La falta absoluta de sensibilidad de los funcionarios con el dolor de los pacientes y usuarios. La exigencia de fallos de tutela concedidos para que el usuario tenga acceso a medicamentos, terapias, tratamientos e intervenciones quirúrgicas. La gente está cansada de esos males, y busca ser oída por el Gobierno y el Congreso para que de una vez por todas se programe un nuevo sistema de salud en Colombia, que sustituya por completo -no con reformas cosméticas sino mediante derogatoria expresa- la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Las deficiencias del sistema de salud, que también son formas de violencia, están causando muchos muertos y generando tensiones sociales de magnitud incalculable”. Por otra parte, en este año se inició el proceso de paz con las Farc, inaugurado en Oslo –Noruega- y actualmente en desarrollo, mediante reuniones que se celebran en La Habana –Cuba- entre los voceros oficiales del Gobierno colombiano y de la organización guerrillera. Es un proceso que vemos con optimismo y esperanza, aun con la falta de sinceridad que ha demostrado la guerrilla al mantener a miles de personas secuestradas, continuar con el reclutamiento de niños e incumplir su propio cese unilateral al fuego, y a pesar también de las muchas dudas y la falta de firmeza del Ejecutivo. Pero debemos apoyar el proceso porque, fracasada la política de la guerra, los colombianos tenemos derecho a insistir en la vía de la negociación política para llegar a la terminación del conflicto. La aprobación de una nueva reforma constitucional, la número 38, esta vez en relación con el fuero militar, deja muchas inquietudes, no solo porque, a nuestro juicio, no era necesaria sino por cuanto los términos en que ha sido redactado el que será conocido como Acto Legislativo 2 de 2012 distan mucho de introducir claridad sobre las reglas aplicables, en especial cuando se trata de conductas totalmente ajenas al servicio y que a la vez constituyen crímenes horrendos como los mal denominados “falsos positivos”.
Ha sido una reforma criticada por Naciones Unidas y por numerosas organizaciones nacionales e internacionales de juristas y por organizaciones no gubernamentales, en cuanto constituye un retroceso en materia de Derechos Humanos y dará lugar seguramente a la impunidad, a la vez que los militares tampoco la ven como adecuada a sus aspiraciones.
Una vez más debo decir que el fuero militar es una institución necesaria, en especial cuando, como pasa en Colombia, la Fuerza Pública se enfrenta a muchos desafíos para cumplir su tarea, en el curso de un conflicto de gran complejidad cuyos componentes y diversidad de actores exigen que los miembros de los cuerpos armados estatales -que hacen uso legítimo de la fuerza- gocen de unas garantías institucionales y de normas especiales que tengan en cuenta las circunstancias en medio de las cuales combaten, las cuales deben ser examinadas por quienes, en su condición de pares de los uniformados, conocen los elementos propios y específicos de la actividad castrense y las características del conflicto.
Pero, desde luego, las normas que viene rigiendo desde 1991, con la adición que se hizo en 1995 respecto a la composición de los tribunales penales militares -que pueden incluir tanto miembros de la fuerza pública en servicio activo como militares en retiro- eran suficientemente claras. De ellas resultaba, por una parte, la salvaguarda del régimen especial a favor de los miembros de la Fuerza Pública, y de otra la naturaleza excepcional y restringida de ese régimen, como es lógico que se prevea en las normas jurídicas que consagran fueros.
El fuero, de suyo, es extraordinario y debe ser delimitado. Por lo cual, en la Constitución de 1991, aunque reserva a los tribunales militares o cortes marciales la investigación y el juzgamiento de los uniformados, se definen los requisitos indispensables para que ese trato diferente tenga lugar: desde el punto de vista del ámbito personal, sólo cobija a los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y desde el punto de vista material, solamente puede aplicarse el fuero respecto de delitos que hayan tenido ocurrencia en relación con el mismo servicio.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha profundizado precisamente en esos requisitos, y de ella se deriva que lo extraño o ajeno al servicio jamás puede ser incluido en el fuero militar. El nuevo sistema introduce reglas que por su deficiente redacción implican contradicciones y vacíos, y seguramente habrá mucho debate acerca de su alcance y repercusiones. A tal punto que no se ha podido establecer si beneficia o perjudica a los militares; ni si serán excluidos del fuero los “falsos positivos”; ni tampoco si en general habrá o no una cascada de solicitudes de libertad.
Lo seguro es que habrá controversia, y muy prolongada, y que corresponderá a la Corte Constitucional aclarar las cosas.
En fin, pasa a la Historia un año difícil y en muchos aspectos traumático. Veremos lo que nos depara el año de gracia de 2013, en el que todos tenemos, como dijera Dickens, grandes esperanzas.
