POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

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Después de varios meses de producida la vacante por vencimiento del período de Humberto Sierra Porto como magistrado de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado  -que le dio demasiadas vueltas al asunto-  confirmó ayer la terna de la cual el Senado de la República escogerá al nuevo integrante del máximo tribunal colombiano.

Lo cierto es que el Senado, en vez de la politiquería que ha rodeado las elecciones más recientes, debería proceder a estudiar seriamente las hojas de vida de los aspirantes; a escucharlos, y a adoptar una decisión que tenga en cuenta la alta responsabilidad de la Corte Constitucional y el papel que debe jugar dentro de la estructura de nuestro Estado Social de Derecho.

Lo que se necesita es un magistrado o magistrada independiente, cuya autonomía, cuya verticalidad y cuyos conocimientos jurídicos le permitan adoptar decisiones acertadas con miras a la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución de 1991.

Los magistrados de la Corte deben estar comprometidos con el imperio real y efectivo de la Carta Política, no con quienes los postulan ni de quienes los eligen; ni son voceros del Gobierno o de la Oposición; de ningún jefe político, ni de una cierta ideología; de corriente alguna; de un sector económico o de un interés empresarial determinado. No son representantes, alfiles, ni peones de nadie.

Por eso nos sorprendió el dicho de algún magistrado, según el cual jamás votaría contra el Gobierno. Nos pareció una afirmación prevaricadora porque el deber de los magistrados es votar contra las normas y los actos que violan la Constitución o que desconocen los derechos, no en defensa o en contra de la administración, ni de quien la encabeza.

Ya tiene el Senado la terna. Escoja al mejor y al más independiente.