POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Si algo caracteriza la Carta Política de 1991 es su decidido impulso a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Colombia es, en tal sentido, una democracia avanzada, y se supondría que en estos años, desde la entrada en vigor de la Constitución, y tras la expedición de la Ley 134 de 1994 -Estatutaria de los mecanismos de participación- y con numerosas sentencias de la Corte Constitucional al respecto, hemos alcanzado un grado suficiente de madurez como para que el pueblo en las urnas y de modo directo adopte las grandes decisiones. No ha ocurrido así, y lo cierto es que han transcurrido casi 22 años sin que los mecanismos de participación -el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, el voto programático, la revocatoria del mandato, la iniciativa popular legislativa- hayan sido usados como pensábamos que lo serían.
Examinando las posibles causas de esa falta de participación del pueblo, podemos enunciar, entre otras, las dificultades prácticas generadas por la misma normatividad estatutaria y por la manera como la aplican los gobiernos, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral; la falta de divulgación y de pedagogía constitucional -a las que están obligadas las autoridades- sobre las normas constitucionales pertinentes y acerca de los derechos del ciudadano; el desinterés que muestran al respecto los medios de comunicación; y el miedo a los altos costos de los procesos correspondientes.
Pero hay otra causa, que ha sido decisiva para desalentar a los colombianos: la manipulación y la utilización de esos mecanismos con fines ajenos a la auténtica participación. Ejemplos: el referendo de 2003, que se convirtió en un medio para satisfacer exigencias del Fondo Monetario Internacional; el abortado referendo de 2009, que se utilizó irregularmente para una nueva reelección presidencial; unas pocas consultas populares frustradas, y trámites clientelistas para revocar el mandato de alcaldes en algunos municipios.
Pero el ejemplo más claro de ese desvío del poder popular de participación, manipulado por los políticos, es el proceso que actualmente se adelanta para revocar la elección del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, mediante una “movilización” ciudadana que de ninguna manera ha sido espontánea, sino dirigida políticamente, con intereses electorales ostensibles. Y ahora resulta que con muchas firmas burlonas y falsas, completamente inaceptables por la autoridad electoral, como las del propio Petro, Kalimán y Batman, entre otros “ciudadanos”.
Uso indebido del mecanismo de participación.
