Si una cosa quedó clara tras la aprobación en la Cámara de Representantes del texto final del proyecto de ley que convoca al referendo reeleccionista, fue el carácter absolutamente subalterno del Congreso respecto del Gobierno. La tradicionalmente llamada Rama Legislativa ya no es una rama del poder público, sino una dependencia más del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, o si se quiere, del Ministerio del Interior, y ha perdido totalmente su propia identidad, en cuanto ha enajenado en favor del Ejecutivo su libertad institucional.


Ello, no obstante haber sido elegidos los miembros de las Cámaras directamente por el pueblo, al que -según dice la Constitución- representan. Pues la verdad es que, en sus actividades y en el ejercicio de sus funciones, los integrantes de las actuales mayorías no obran, como debiera ser, en interés de la colectividad, ni siguiendo las directrices y reglas de la Constitución, las leyes y su propio reglamento, sino en obediencia ciega a las instrucciones emanadas del Palacio de Nariño, o transmitidas en el mismo momento de las votaciones por el Ministro del Interior o por exministros de otras carteras.


En las exposiciones que tienen lugar durante los debates, los congresistas de esas mayorías no se esfuerzan por la controversia razonada; ni por la solidez argumental; ni por la presentación de elementos de juicio objetivos, con el propósito de responder a los argumentos de la oposición, sino que -ya tomadas las decisiones desde Palacio-, se limitan a pronunciar discursos carentes de contenido, muchas veces simplemente leídos -y mal leídos-, toda vez que la intención y el cometido radican exclusivamente en votar y en apabullar mediante el voto mayoritario a cualquiera que se oponga a los designios presidenciales.