La democracia liberal, presentada en los albores del neoliberalismo como el fin de la historia, está obligada a rechazar cualquier forma de gobierno que se aparte de este modelo. En este orden de ideas, el golpe militar en Honduras, aunque depone a un gobierno antineoliberal, está condenado al fracaso porque no podrá ser reconocido como legítimo por ningún gobierno que tenga por regla el principio democrático.

Hasta aquí vamos bien. Es evidente que un golpe militar viola ostensiblemente la regla y no queda más que condenarlo ipso facto. Es, por demás, la manera más burda de violar la democracia. Podría asimilarse al pervertido sexual.

Pero es que en la práctica existen otras formas de violación de la vida democrática que resultan muy sutiles y difíciles de contrarrestar por la sociedad dado que, una vez establecidos, los gobiernos pueden manipular las normas constitucionales e inclinarlas a su favor.

Es la vía emprendida por gobiernos democráticamente elegidos que luego, mediante reformas constitucionales hábilmente impulsadas en el Congreso o a través de referendos populares, se aferran al poder como los remaches.

Tanto en el orden nacional como en el internacional, debieran contemplarse fórmulas expeditas para juzgar a estos violadores de la democracia, con similar celeridad con que se condena un golpe militar.

Las cosas se deshacen como se hacen, dicen. En este sentido, las mismas facilidades que se otorgan a los ciudadanos para elegir debieran servir para deselegir. Es decir, elegimos porque el Estado financia las elecciones, pero cuando se trata de revocar mandatos, los ciudadanos interesados en el proceso tienen que financiar con sus recursos la recolección de firmas, un proceso que resulta dispendioso y harto costoso, sin tener en cuenta que debe ser refrendado por las instituciones, como la Corte Electoral y el Congreso, que con frecuencia resultan ser apéndices del gobierno que se pretende revocar.

Fuera de eso, las firmas que propendan por un referendo revocatorio deben ser un tanto por ciento del potencial electoral, y no, como en la elección, que se decide por la mitad más uno sin importar el grado de abstención que se presente.

Resulta así imposible revocar un mandato siguiendo el debido proceso, y por eso, los golpes de Estado o de fuerza, incluyendo la rebelión armada, siguen siendo una opción en el imaginario colectivo de la sociedad.

El asunto de la violación democrática pasa a mayor gravedad cuando, como parece ser el caso en varios países, se reviste de voluntad popular. Como algún iniciado de intelectualidad fascista lo acaba de decir en Colombia, la voluntad popular constituye la fase superior de la democracia. Es decir, si el pueblo lo quiere, cualquier gobernante puede convertirse en dictador a perpetuidad y su mandato, así obtenido, no pudiera ser tachado de antidemocrático.

Si la esencia de la democracia es precisamente el respeto a la ley y la alternación en el poder por la vía electoral, a tiempo que se condena la interrupción abrupta debiera condenarse la prolongación indefinida, que tanto una como otra niegan el ejercicio democrático.

Ese es el quid del asunto. Los organismos internacionales y los gobiernos democráticos que hoy desconocen al gobierno provisional de Honduras, debieran desconocer también a gobiernos como el de Uribe en Colombia que se hizo reelegir mediante el delito de cohecho o el de Calderón en México que fue fruto de un ostensible fraude electoral.

No se trata de defender o atacar a nadie. Se trata de ser consecuentes con las normas que rigen la democracia, independientemente de las ideologías que van y vienen, es decir, se alternan, en la vida política de los países. Más claro aún: la democracia es una forma de gobierno (inamovible) que puede pasar de un gobierno de derecha a uno de izquierda, sin romperse ni mancharse.