Puede que al procurador Ordóñez le haya salido la carambola jurídica de la “duda razonable” para absolver a los ministros Sabas y Palacio del cohecho cometido conjuntamente con la parlamentaria Jidis Medina en la conjura de la primera reelección de Uribe. Era evidente que la condena de Jidis parecía un tanto forzada dado que en el proceso confesó delitos de los cuales se retractó posteriormente y entonces los jueces, en este caso los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, terminaron por tener que decidir en dónde podía estar diciendo la verdad y en dónde no.

Pero en el caso de Teodolindo, la cuestión es a otro precio. A este parlamentario se le comprobó hasta la saciedad que días después de haberse plegado a la reelección apareció con una notaría de bolsillo, tan de bolsillo, que terminó vendiéndola por 200 millones de pesos.

¿Quién le dio la notaria? Es obvio: el presidente Uribe que es nominador directo de todos los notarios y el entonces ministro de Interior, Sabas Pretelt, con quien firmó el decreto de nombramiento.

Si la Corte condenó a Teodolindo por cohecho impropio y compulsó a la Comisión de Investigaciones de la Cámara, juez natural del Presidente y a la Fiscalía General, juez natural del ministro, para los asuntos pertinentes, le va a quedar muy difícil al Procurador, en caso de que fuera su intención, absolver nuevamente a este ministro con el argumento de la “duda razonable” porque en este caso, a la luz de toda lógica, lo que se ve es una carga probatoria incuestionable.

En un país jurídicamente serio debiera darse en los próximos días la citación del Presidente de la República por parte de la Comisión de Investigaciones de la Cámara y la del ministro de Interior, hoy embajador en Italia, por parte de la Fiscalía.

Ni para qué compulsar copia del fallo a la Corte Constitucional, pues, cuando examinó el caso Jidis, con la mayor desvergüenza convalidó un delito, el cohecho, para declarar constitucional una reforma constitucional dizque porque en el momento de hacer el examen no se había configurado penalmente el delito.

Esa doctrina de la Corte, permitiría, por ejemplo, convalidar cualquier medio ilícito que se emplee para alcanzar el fin perseguido ya que una vez configurado el delito el fin en sí mismo permanecería incólume.

Si el caso ya no es el de declarar ilegítimo el presente mandato de Uribe, entonces lo que debe seguir es el juicio contra quienes haciendo de la política el arte de sobornar al poder Legislativo y de deslegitimar al Judicial intentan apoderarse del poder Ejecutivo para prolongar en Colombia una “seguridad democrática” que tiene que ver más con la guerra que con la seguridad y menos con lo democrático, por lo visto y juzgado.