Recibimos con férvido optimismo, desde la patria de Piero Calamandrei (aunque èl prestado a la política), la excelente noticia de la candidatura para el Senado de la República en Colombia del insigne jurista y estimado colega Prof. José Gregorio Hernández Galindo.

Las razones del constitucionalismo - junto con las de derecho internacional – son duramente puestos a la prueba ante la fuerza brutal, el caudillismo mediatico, la crisis democrática y el asedio al Estado de derecho. De hecho, la concentración del poder o perpetuación del mismo, en manos de unos pocos, cuando operan al margen de cualquier régimen jurídico de legitimidad constitucional, constituyen una flagrante violación de las normas de la cultura jurídica moderna. Hay mucho sobre que reflexionar.

El jurista, mientras advierte la inanidad de sus esfuerzos, solo puede denunciar la vesania de la ilegalidad en un Estado democrático respecto al modus operandi del soberano, tanto de sus actos como de sus hechos manifiestos. Es cierto que el jurista no puede (ambicionar) sustituirse al "soberano", pero también es verdad que las decisiones soberanas deben ser criticadas por él. A menudo, los juristas las han justificado, raramente las han criticado. De hecho, justo ante los hechos de tanta relevancia que están hundiendo el Estado de derecho en la barbarie, el jurista no puede mantener el silencio, por miedo o maravilla. En consecuencia, la situación actual necesita una postura o actitud diferente, un diverso y simple comportamiento que no sea solo la denuncia de las conductas ilícitas o la interpretación de las normas jurídicas , sino más bien entrar en la arena política para salvaguardar las razones del derecho. El Maestro Piero Calamandrei (Florencia; 1889 - 1956), ya en sus tiempos, comprendió que la única manera para preservar el principio de legalidad y evitar el dispotismo era participar activamente (políticamente) en la elaboración directa de las normas constitucionales y las leyes del Estado.

Muy conscientes de que es insuficiente la denuncia, bien conscientes de que la constatación de la ilegalidad supera todos los limites, bien conscientes, además, de que es necesario un esfuerzo diverso para crear una cultura del derecho que pueda afrontar los retos en la era de la globalización, al jurista no queda otro camino que personificar la cultura de la legalidad, poniéndose en discusión en una confrontación democrática. En su actuación, el jurista, debe operar y plantear la cuestión de la legitimidad del Estado de Derecho sobre cualquier otra manifestación arbitraria del poder, pues entre la legalidad democrática y la legitimidad del derecho - nos han enseñado los clásicos - hay un abismo. Reunir a las dos partes no es tarea fácil.

En palabras cortas, al jurista hoy, le toca una difícil tarea, proponer e individuar (a traves de la acción política publica), los instrumentos y las medidas colectivas eficaces para prevenir y remover las amenazas y violaciones contra los actos de agresión a la Carta Constitucional, en conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional.

Por lo tanto, apoyamos y auguramos a tan apreciado jurista, los mejores resultados y le deseamos buen trabajo en sus nuevas actividades a salvaguarda de la cultura de la legalidad.


Sobre el referendo:

El juez constitucional como garante de la Constitución no debe actuar para resolver los conflictos políticos, sólo puede intervenir si esta en juego una lesión profunda de la legalidad constitucional. El juramento de fidelidad a la República y observancia de la Constitución que han manifestado al entero País, así como el papel de representantes de la mas alta instancia jurisdiccional, requieren el más enérgico acatamiento para proteger la Constitución republicana.