LA purga en el Ejército, anunciada ayer por el Presidente de la República y el Comandante de las Fuerzas Militares, ha causado la natural conmoción, en Colombia y en el mundo. Aquí, en México, se presentó como escándalo en el Ejército colombiano por masacres y por violación de los Derechos Humanos.
Muchos han exigido la renuncia del Ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos. Otros las de los generales Padilla de León y Montoya Uribe. Y está puesta en tela de juicio toda la política de seguridad democrática.
Los familiares de las víctimas desfilaron en Soacha, y algunas de ellas sostuvieron que con las destituciones no es suficiente; que debe llegar la justicia, sancionar penalmente a los culpables, y que nadie les puede devolver a sus hijos. Pero quieren saber toda la verdad acerca de lo acontecido. Cómo ocurrieron las cosas.
A esto debe añadirse que esos familiares de los jóvenes muertos son víctimas de crímenes de lesa humanidad, y por tanto, como es natural, tienen derecho a la reparación, proporcional al inmenso daño sufrido. Ya vendrán las demandas ante lo Contencioso Administrativo para la reparación directa, y ante los tribunales internacionales de Derechos Humanos. Y será condenado patrimonialmente el Estado colombiano, como lo explicábamos en días pasados. Es lógico que así suceda.
Otro aspecto de la cuestión, es la imagen que se ha presentado sobre los destituidos, entre los cuales hay tres generales de la República, y en total 27 miembros de la Fuerza Pública. Para decir la verdad, a pesar de que el comunicado del Gobierno habla de omisiones, también habla de crímenes, y están todos incluidos dentro de la misma lista negra.
La decisión gubernamental responde sin duda a un propósito de transparencia del Gobierno en este grave asunto, pero no se han hecho distinciones entre los destituidos. No se ha diferenciado entre los que incurrieron en omisión y los que están sindicados por acción, por haber cometido los crímenes, o por haber facilitado o cohonestando su comisión.
La investigación adelantada fue administrativa interna. Y el llamado a calificar servicios corresponde a una facultad discrecional del Presidente de la República.
Debemos manifestar a los lectores acerca de que en el uso de esa facultad discrecional, de separar de sus cargos a miembros de la Fuerza Pública, el Presidente no tiene obligación de dar explicaciones. Sin embargo, como se hizo una presentación de las destituciones en rueda de prensa, relacionándolas con las desapariciones de los jóvenes y con sus muertes, a la opinión pública le queda la sensación de que todos los destituidos están comprometidos con los crímenes; de que todos son asesinos, y de que por eso los destituyeron. Es necesario, pues, en guarda del derecho a la honra y el buen nombre de quienes no están sindicados de crímenes sino de negligencia, que se diferencie, también públicamente, para evitar que todos queden en la misma canasta, lo cual sería injusto.