El debate de anoche, entre John McCain -candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos- y el demócrata Barack Obama, que tuvo lugar en la Universidad de Hofstra, y que fue el último de los programados antes de la elección del 4 de noviembre, además de las alusiones a Colombia, al TLC, a las muertes de sindicalistas colombianos, a Hugo Chávez y a la guerrilla de las FARC, nos permitió ver a las claras, definidas por sus propias palabras, las posiciones de los dos aspirantes a la Casa Blanca en cuanto al modelo económico.


Resulta evidente la filiación neoliberal de McCain que es la misma del actual Presidente Bush, así como son ostensibles las inclinaciones social demócratas de Barack Obama, quien se perfila en las encuestas, hasta ahora, como el más seguro ganador de la contienda. Al menos, si lo deducimos por la presentación de anoche, la ventaja de Obama sobre McCain es innegable, y a todas luces también este debate fue suyo, como lo habían sido los dos primeros, y el candidato republicano perdió la única oportunidad que tenía de remontar la distancia que lo separa del demócrata.


Obama fue mucho más claro en su concepción sobre la economía y acerca del papel del Estado frente a ella, y en especial nos parece que sus ideas en cuanto al derecho de todos, pero en particular de los más pobres, a los bienes y servicios básicos, y a derechos como el de la salud, están complementados por una firme decisión de provocar un cambio en el actual enfoque acerca de la intervención estatal. A diferencia de McCain, quien sobre la base de un ejemplo, el del plomero Joe, lanza dardos al candidato demócrata por pretender repartir la riqueza, en una clara tendencia contraria a la intervención y al Estado Social de Derecho.

En Colombia venimos dando el debate desde hace varios años, y no hemos logrado que se comprenda que cuando la Constitución de 1991 consagró el principio básico del Estado Social de Derecho, estableció criterios sobre política económica totalmente desvinculados de la concepción neoliberal, tan en boga todavía entre nuestros gobernantes, cuyo fracaso en el mundo, y en la propia sede del capitalismo -los Estados Unidos- es ostensible. Al punto de existir ya, incluso en el Gobierno de Bush, la decisión de intervenir unos bancos, parte de cuyo capital será del Estado.


En el artículo 334 de nuestra Constitución -norma típica del Estado Social de Derecho- se proclama lo siguiente: ?La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.


El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos?


Por su parte el artículo 366 de la misma Constitución, permanentemente incumplido, dispone: ?El bienestar general y el mejoramiento de loa calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.


Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación?.