Con independencia de quiénes sean los victimarios –guerrilla, paramilitares, agentes descarriados de la Fuerza Pública-, las víctimas de los crímenes atroces que en Colombia se vienen cometiendo tienen derecho de naturaleza constitucional a una reparación integral, completa, real y oportuna.

Quizá no siempre se podrá volver al mismo estado de cosas que se tenía antes del crimen –por ejemplo, cuando los seres queridos han sido asesinados, como ocurre en la mayoría de los casos-, pero el daño causado debe ser resarcido.

En principio, quien debe asumir la responsabilidad de reparar es el victimario, y el Estado debe velar porque así sea. Esa es una obligación del delincuente –bien sea autor intelectual o material del delito-, y por tanto son equivocadas las expresiones que en algunos casos hemos oído de voceros oficiales, quienes –por ejemplo con los paramilitares extraditados- dejan la reparación sujeta a la voluntad de ellos, "…si quieren colaborar…". No. Esa no puede ser la actitud del Estado. Su deber es actuar con efectividad para que la reparación tenga lugar en realidad y con la prontitud que exige el ordenamiento jurídico.

Si el Estado no es capaz de garantizar la reparación, él tiene que responder, no a título de dádiva o regalo a las víctimas, sino como obligación correlativa a un derecho inalienable que ellas tienen.

El proyecto de ley que se tramita en el Congreso busca precisamente garantizar que haya plena reparación, y que las conductas criminales no se repitan. Si el Derecho interno no opera para asegurar estos propósitos, entra a actuar, porque adquiere plena competencia, la justicia internacional.

No estamos de acuerdo con algunos cambios propuestos al texto que viene del Senado, como el que quiere desconocer el hecho de que hay víctimas de agentes estatales. Éstos tal vez no obedezcan a directrices oficiales, pues no hay una política institucional de Estado para violar los derechos humanos, pero no puede negarse que casos sí se presentan, y cuando se presenten, esas víctimas merecen la reparación, al igual que las víctimas de las organizaciones armadas ilegales.
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(*) Publicada en www.semana.com Octubre 9 de 2008