El Presidente Uribe insistirá en esta legislatura, nuevamente, en un proyecto de Acto Legislativo de la mayor importancia, que ya ha sido presentado por el Ministro del Interior y Justicia, y que si es aprobado traerá grandes beneficios a la colectividad, corrigiendo a la vez una equivocación muy grave de la Corte Constitucional, en la cual incurrió en 1994.


El proyecto reforma la Carta Política, con el objeto de autorizar al legislador para modificar el Código Penal, estableciendo penas no privativas de la libertad para quien consuma o porte sustancias estupefacientes, es decir, droga, como cocaína, heroína, marihuana, etc., que tanto daño causan a la juventud y a la sociedad entera.


A la vez, se contempla en el proyecto toda una política de Estado, relativa a la prevención de ese consumo, y también referente a la responsabilidad estatal en lo que concierne a la recuperación de la salud mental y física de las personas que han caído en el terrible vicio de la drogadicción.


El ponente designado en el Senado de la República es el doctor Juan Carlos Vélez Uribe, quien ya ha emprendido un estudio serio y muy completo acerca de los beneficios de esta propuesta gubernamental, que paradójicamente ha sido frustrada en el pasado por miembros de partidos integrantes de la coalición uribista, quienes consideran que se establecerá la cárcel para los drogadictos, lo cual no es cierto, y así lo comprobarían si se tomaran el trabajo de leer el proyecto.


La semana pasada, para no ir más lejos, en el centro de Bogotá, un indigente poseído por la droga, completamente enceguecido por las sustancias psicotrópicas consumidas a título de dosis personal, ofendía a unas personas por no haberle dado la limosna solicitada, que se destinaría seguramente a comprar más droga, y cuando un policía -impotente, a la luz de la sentencia de la Corte para privarlo de su libertad por el estado en que se encontraba- trató de persuadirlo sobre el respeto a las personas, el obnubilado indigente no vaciló en despojarlo por sorpresa de su arma de dotación, y la disparó, hasta agotar el cargador, sobre las personas indefensas que allí transitaban. Resultado: una señora muerta y varias heridas, incluido el agente.


Y en los estadios, la violencia desatada ferozmente por las barras bravas de los equipos, encuentra en la droga, consumida a título de dosis personal, su mejor incentivo, sin que las autoridades puedan hacer nada para controlar a sus portadores, quienes siempre tendrán la disculpa de que lo que portan es solamente eso: su dosis personal.


El Estado tiene a su cargo la protección de todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, derechos y libertades, y tiene que asumir en efecto la función que le atañe; con instrumentos aptos para ello.


No puede seguir imperando el criterio erróneo según el cual todo se puede, aun lo más ofensivo para la sociedad, so pretexto del libre desarrollo de la personalidad, y de una concepción equivocada del ejercicio de las libertades públicas.


Con razón, el Presidente de la República insiste en el proyecto -este sí urgente y necesario-, para modificar la Constitución, devolviendo valiosos instrumentos a las autoridades, en guarda de la comunidad entera. En esto, lo acompañamos sinceramente.