Toda modificación de una norma, en especial si esa norma es la Constitución, debe obedecer a unas razones, debe ser oportuna; y debe dirigirse en forma directa y con precisión a introducir los ajustes, correcciones o enmiendas que son indispensables para responder a la necesidad que la justifican. Con lo cual se quiere decir que reformar no es una tarea fácil, e implica además que quien propone una reforma, más todavía si es el Gobierno, asume una responsabilidad, en cuanto no le basta con lanzar algunas ideas sin fundamento, a manera de globos, buscando reacciones y moldeándola sobre la marcha, sino que está obligado a estructurar jurídicamente el proyecto, preparando su contenido, cotejándolo con el contexto y explicando su razón de ser, su utilidad, su oportunidad y las repercusiones que tendrá en el caso de adoptarse.
En el campo constitucional, siendo la Constitución el ordenamiento básico del Estado, su misma vocación de permanencia y estabilidad exige que, para reformarla, se requiera la reforma -como una necesidad sentida de la sociedad- y que se fundamente el contenido de las normas proyectadas, armonizándolas con el conjunto.
Nada de eso se ha hecho en el caso de la anunciada -que no proyectada, porque no hay proyecto- reforma constitucional a la administración de justicia, y ello ha llevado a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, al Consejo Superior de la Judicatura -toda la rama judicial- y al Procurador General de la Nación- a expresar que no hay un proyecto integral sino apenas un borrador -agregamos, incompleto y desordenado- , y a reclamar -para poder estudiarlo y opinar sobre él- que se presente el texto definitivo y que ese texto contemple una reforma integral.
Con mucha razón ha dicho, además, el Procurador Edgardo Maya -aquí lo habíamos advertido- que la reforma a la cúpula de la justicia -al menos como se ha presentado- no es en este momento necesaria, ni soluciona los verdaderos y graves problemas que ella padece.
En efecto, la congestión de los juzgados y tribunales; las dificultades de orden formal y práctico que presentan los juicios ordinarios en las distintas ramas -que obligan a las personas a buscar respuesta en acciones de tutela improcedentes; la prolongación indefinida en el tiempo de los procesos; las disminuciones del presupuesto de la Rama Judicial; las enormes deficiencias del sistema carcelario; la pésima remuneración de jueces y fiscales, y la peor remuneración de los empleados,....son temas verdaderamente prioritarios que no han sido tratados, ni siquiera mencionados por el Ejecutivo al hablar de la reforma.
Si se quiere modificar la base constitucional de la administración de justicia, la reforma que se tramite debe ser integral, y para ello lo mínimo que se necesita es un proyecto, organizado y elaborado, definitivo y completo, que hasta ahora brilla por su ausencia.
En ese orden de ideas, una propuesta tan improvisada e incompleta como la que se ha venido exponiendo, con adiciones sobre la marcha , sin una filosofía; sin un hilo conductor y sin unos criterios esenciales, está llamada a fracasar. E inclusive, aunque dentro de ella haya propuestas e ideas buenas, como la de garantizar la independencia total de la rama judicial -que aquí ya comentamos como positiva-, se pierden irremediablemente.
Ahora bien, modificar el esquema normativo de la Corte Suprema de Justicia, el sistema de única instancia, las reglas sobre el fuero de los congresistas y las bases constitucionales de los procesos penales, hallándose en trámite los muy importantes procesos que hoy se siguen contra miembros del Congreso, causando confusión, es algo que, como hemos dicho varias veces, resulta inoportuno e inconveniente. Por el contrario, creemos que la Corte Suprema de Justicia debe ser respaldada y se la debe dejar tranquila para que cumpla la tarea en curso, hasta su culminación. Y sin interferencias amañadas, como la de alias "Tasmania", que ayer quedó claro -en palabras del Fiscal Iguarán- que no era otra cosa que una patraña contra la Corte Suprema de Justicia.