Un sencillo repaso de lo ocurrido en Colombia durante los últimos años
en el plano constitucional, casi todo inspirado en la coyuntura, nos
permite afirmar que, imperceptiblemente para la mayoría, hemos ido
desfigurando la Constitución de 1991. Ya no es la misma Constitución,
mirado su contenido y examinadas sus proyecciones, no solamente merced
a las reformas introducidas -bastantes, o demasiadas, para un
ordenamiento tan joven, comparado con otros-, sino por causa de la
interpretación que de ella hacen los operadores jurídicos, incluída la
Corte Constitucional, y por la menera como es aplicada (o en muchos
casos inaplicada).

Nos parece que, aunque identificado el pueblo con la mayoría de los
valores y principios constitucionales, los enemigos de la Constitución
han logrado manipular la conciencia colectiva, para que los valores
que se buscan y los principios que se practican sean totalmente
alejados del modelo institucional plasmado por el Constituyente, en
medio de una gran confusión ideológica y política. Ello puede
apreciarse en el concepto del Estado Social de Derecho, que se ha
convertido con el paso del tiempo en una declaración romantica y -para
los usufructuarios del gran poder económico- "ridícula y vacía".

"Estado Social de Derecho" en una sociedad en la cual los pobres son
despojados de sus más ínfimos ahorros y de sus viviendas, adquiridas
durante años de esfuerzos, por familias que pagaron y pagaron, pero
que al final fueron derrotadas por el aumento inclemente de las cuotas
de amortización, de los intereses y de la corrección monetaria, sin el
menor apoyo de las autoridades, sino, por el contrario, teniéndolas
como sus peores enemigas, integrantes de la parte contraria en todo
pleito.

"Estado Social de Derecho", bajo cuyo amparo mueren niños de hambre en
el Chocó y en otras zonas del país, a ciencia y paciencia del
Ministerio curiosa y paradójicamente llamado "de protección social". Y
en donde las madres cabeza de familia, expresamente señaladas por el
artículo 43 de la Constitución como merecedoras de una especial
protección, son despedidas de las empresas estatales con el mentiroso
amparo del "retén social", y completamente abandonadas a su suerte, so
pretexto de reestructuración.

"Estado Social de Derecho", en el que los niños de corta edad y los
enfermos, aunque estén en peligro de muerte, son despachados de los
centros asistenciales por decisiones inapelables de los porteros, y
deben padecer el adecuadamente denominado por la prensa "paseo de la
muerte".
"Estado Social de Derecho", en el que una mujer se ve obligada a dar a
luz bajo un árbol y en medio de la lluvia, frente a un centro
asistencial que no la recibe por falta de quince mil pesos.
"Estado Social de Derecho", en el que se prefiere a ricos empresarios
amigos del Gobierno, sobre los desplazados por la violencia, en un
terreno extenso llamado "Carimagua".
"Estado Social de Derecho", en que los medios y las empresas
patrocinan sin límites una marcha ciudadana contra las FARC, pero que
no vacilan en obstruir la marcha de un mes después, contra los
crímenes de los paramilitares, y en que cuatro de los organizadores de
la segunda marcha son muertos en circunstancias no aclaradas.

Ya llevamos veinticuatro reformas constitucionales en dieciséis años,
lo que muestra que la hemos ido convirtiendo en una constitución
flexible, como de plastilina, manipulable y "manoseable".

El solo Acto Legislativo 2 de 2004, por el cual se plasmó la
reelección presidencial para el período inmediato -y al que la Corte
Constitucional, en fallo político, no encontró reparo alguno- implicó
cambios sustanciales en la filosofía de la Carta Política, y dio lugar
a numerosas contradicciones sobre el espíritu y las reglas aplicables
al servicio público. Por ejemplo, resulta incomprensible que el
ejercicio de autoridad política, administrativa, militar o civil,
dentro del año anterior constituya causa de inhabilidad para ser
congresista, pero que el titular de la mayor suma de poder y autoridad
-el Presidente de la República- sí pueda aspirar a ser elegido e
inclusive hacer campaña a la vez que ejerce ese poder y esa autoridad.

En el terreno de la descentralización y autonomía de las entidades
territoriales, y en el campo de la inversión social, se han plasmado
en los actos legislativos 1 de 2001 y 4 de 2007, y en las leyes 617 de
2.000 y 715 de 2.001, sin contar los decretos que desarrollan la
última reforma, normas filosóficamente opuestas a las del 91, dando
lugar a un Estado unitario rígidamente centralizado.

No se ha expedido el Estatuto del Trabajo que ordenó el artículo 53 de
la Constitución, pero sí se han dictado leyes por cuyo ministerio se
quita a los trabajadores garantías y derechos, y que la misma Corte
Constitucional califica de "regresivas" , aunque eso no ha sido
suficiente para que el Tribunal defensor de la Constitución las
declare inexequibles.

Con el famoso pago de una recompensa cuantiosísima a un guerrillero
por haber matado a dos personas, y por haber mutilado el cadáver de
una de ellas, a diferencia de millones de ciudadanos honestos que no
se han enredado con la delincuencia pero que reciben -para mantener a
sus familias- salarios de hambre, en realidad se consagró la pena de
muerte "por la puerta de atrás", como ya lo hemos dicho en estas
columnas.

Fue expedida una ley, denominada de "Justicia y Paz", que en sí misma
es de injusticia e impunidad, y el Estado no ha sido eficiente al
cumplirla, pese a los cuantiosos recursos externos enviados como apoyo
a las autoridades competentes. Ahora está anunciando la Fiscalía que,
ante el gran número de paramilitares acogidos a ella, les formulará
imputaciones apenas parciales por los crimenes que confiesan, a la vez
que informa haber hallado hasta ahora más de 4.000 tumbas o fosas a lo
largo y ancho del territorio, en donde los paramilitares depositaron
más de 6.000 cadáveres de sus víctimas, sin contar los miles de
muertos, previamente torturados, que ya antes han sido denunciados,
sin que haya la más mínima reparación a las víctimas.... Pero el
Estado perdió el tiempo; ve próximo el vencimiento de los términos, y
a estos individuos no es apto ni eficaz en la función de procesarlos,
dejando el campo libre a los tribunales internacionales de Derechos
Humanos.

Toda decisión parece provenir del Ejecutivo, con la honrosa salvedad
de las emnadas de una independiente Corte Suprema de Justicia, y todo
el mundo parece esperar siempre, en cada cosa y para cada decisión, el
"guiño" del Presidente, a la vez que se prepara el escenario y los
instrumentos políticos para una segunda reelección, con un texto tan
exclusivo como el presentado en estos días a las autoridades
electorales, que nos imaginamos sulfura al mismo Dr. Uribe, en cuya
virtud únicamente el ciudadano que haya desempeñado dos veces
contínuas la presidencia de la República podrá aspirar a ser
reelegido. Nadie protesta, y nadie -ni siquiera los ex presidentyes
afectados- dice palabra alguna.

El Gobierno, con miras a obtener una liberación de secuestrados que ha
debido conseguir hace años por la vía del diálogo, dicta un decreto
reglamentario que permitirá la liberación de guerrilleros condenados
inclusive por crímenes de lesa humanidad, y los secuestrados siguen
padeciendo su calvario, y permanecerán en cautiverio mientras no sea
políticamente útiles para alguien.

Y así, podríamos seguir enunciando cómo es la "Anti- Constitución",
sobre lo cual seguramente volveremos en estas páginas, suministrando a
ustedes "Elementos de Juicio".