La extradición de los jefes paramilitares que venían revelando los macabros procedimientos que emplearon para asegurar la elección del presidente Uribe en el 2002 y su reelección en el 2006, es virtualmente el fin, un martes 13, del proceso de Justicia, Paz y Reparación que, de alguna manera, estaba propiciando la filtración pública de una verdad que tanto necesitábamos, aunque doliera.
No obstante, lo poco que dijeron algunos de ellos, porque aquí todavía falta mucha tela por cortar, fue suficiente para darnos por notificados que tenemos un gobierno ilegítimo. Es probable que si no logran meter a Yidis a un manicomio y desaparecer a Teodolindo, ex parlamentarios que hicieron posible la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial, terminen por darnos la clave del acertijo que mantiene y sostiene al halcón en su nicho. De momento ha hecho una jugada magistral.
Es evidente que la movida jurídica del presidente Uribe es una de las cortinas de humo más espesa que tiende sobre el escándalo de la parapolítica que cada vez le cerca más. Con la extradición de sus antiguos secuaces políticos, de frente o a sus espaldas, eso ya no cuenta, Uribe hizo carambola a tres bandas:
1.- Cierra la boca de lo que todavía tenían por contar en el proceso de la parapolítica.
2.- Les cobra por ventanilla todo lo que han dicho.
3.- Atemoriza a quienes en el futuro quieran abrir la boca sobre tan espinoso asunto.
No creo que trasnoche a Uribe el hecho de que al suspender abruptamente en Colombia el proceso de Justicia y Paz, miles de víctimas de los paramilitares se queden sin reparación moral, como saber quién mató y en qué oscura y lejana fosa común están los restos de sus deudos; ni que se queden sin reparación económica, pues, al extraditarlos a Estados Unidos, ya no tendrán compromiso alguno de confesar sus bienes y entregarlos a la justicia para que se haga alguna repartición equitativa entre sus víctimas. Es muy probable, inclusive, que esos bienes queden en manos de la justicia estadounidense, como ha pasado con los bienes de Carlos Lehder, Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela, entre otros, que la justicia gringa los considera como un resarcimiento a todo el daño que le han provocado a su sociedad por suministrarles una excelente coca por la que su población drogadicta se desvive.
Entristece que el principal argumento que esgrime el gobierno para determinar la extradición de los jefes paramilitares sea el de que han seguido delinquiendo desde las cárceles. ¿Entonces, dónde está la justicia colombiana; dónde la Fiscalía; dónde la Dirección de Prisiones; dónde el Ejército y la Policía, el DAS, la Dijin, la misma DEA y toda la demás parafernalia institucionalizada para prevenir y reprimir el narcotráfico en Colombia? ¿Si nada de todo eso podía controlar a unos cuantos narco-paramilitares presos, qué podremos esperar de su efectividad sobre los muchos otros que están libres y operando activamente en el negocio?
La decisión de este martes 13 a la madrugada, nos deja también tres conclusiones:
1.- La guerra de Colombia contra el narcotráfico es un fracaso, aún contando con la impresionante ayuda económica y logística que le otorga Estados Unidos. Ofrece tantos lunares y contiene tantas fisuras que desde una celda y por medio de celular, un narcotraficante cualquiera puede dirigir a toda una organización con la que nos podemos imaginar debe contar para tener éxito en el negocio.
2.- La política de Seguridad Democrática, de la que tanto se ufana el gobierno, también es un fracaso, porque si no puede controlar en una celda a 14, qué va a poder con los miles de guerrilleros de las Farc; y con los tantos otros de las otras organizaciones al margen de la ley, diseminados en todo el territorio nacional, incluyendo a los miles de desmovilizados reciclados a la delincuencia común, los nuevos paras, la tradicional guerrilla y los persistentes narcos. A no ser que se considere un éxito la militarización de unas cuantas vías troncales del país por donde van a sus fincas los terratenientes y ricachones los fines de semana.
3.- La justicia colombiana no existe. Y cuando un Estado no puede garantizar la justicia a sus conciudadanos, primer y principal derecho de toda sociedad civilizada, ese Estado no tiene razón de ser.