El Cardenal Pedro Rubiano Sáenz viajó ayer a Australia, pero antes de hacerlo adelantó una tarea muy importante de acercamiento entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia. Invitó al Palacio Arzobispal al Presidente de la República Álvaro Uribe, y al de la Corte, Javier Ricaurte, quienes se reunieron en un clima de distensión y calma, e inclusive estuvieron orando en la capilla privada del prelado.
Ante todo, debemos destacar y agradecer esa mediación de la Iglesia Católica, que –como la permanente que con generosidad ha sostenido para los fines de la paz y la ansiada liberación de los secuestrados- hace parte de su misión espiritual, proyectada en el seno de la sociedad mediante la búsqueda del entendimiento, el pacífico intercambio de ideas y la serenidad que son indispensables en la gestión pública.
Vimos buena voluntad tanto en el Presidente Uribe como en el Magistrado Ricaurte; una buena voluntad que nos permite abrigar esperanzas sobre una próxima superación de la actual crisis entre el Gobierno y el máximo tribunal de la justicia ordinaria.
Desde luego, siendo realistas, consideramos lejanas todavía las posibilidades de una efectiva y auténtica reconciliación, en especial si tenemos en cuenta que la Corte no tiene otro remedio que continuar ejerciendo sus funciones, con independencia de si mortifica con ella al Gobierno, al Congreso o a otros órganos estatales. A ella le corresponde, por ejemplo, la competencia exclusiva para investigar y juzgar a los congresistas, por mandato constitucional, y por ello ayer mismo la Sala de Casación Penal ha iniciado investigación preliminar en contra de la ex presidenta uribista del Senado, Dilian Francisca Toro, y del senador Antonio Valencia, en el marco de los procesos por parapolítica, por posibles relaciones con paramilitares, quienes habrían sido benefactores de los congresistas, con supuestas ayudas políticas y económicas en sus campañas proselitistas para llegar al Congreso en 2.006.
Es muy importante que se restablezcan las relaciones cordiales entre Gobierno y Justicia, con el objeto de dar lugar a la colaboración armónica que impone la Constitución a todas las ramas del poder público y a los órganos y funcionarios estatales, para el logro de los fines del Estado.
Pero no se puede confundir la disposición al diálogo y la cortesía con la pérdida o la disminución de la necesaria independencia y autonomía de los jueces, y que no piense el Ejecutivo que podrán los magistrados cejar en su empeño de cumplir la sagrada función que les atañe. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra: relaciones armónicas, pero separación de funciones, mutuo respeto y gran independencia de quienes ejercen la función judicial, aunque tengan que afectar a veces intereses políticos afines al Ejecutivo.
Recordemos que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia respaldó por unanimidad a su Sala de Casación Penal en relación con el fallo sobre el cohecho de Yidis Medina, tras el anuncio presidencial de un referendo para repetir el proceso electoral de 2.006.
Es precisamente eso lo primero que debe considerar el Gobierno: ya la Corte Constitucional expresó que no va a reabrir el proceso de constitucionalidad del Acto Legislativo 2 de 2004 sobre reelección presidencial, que era a lo que se refería en su sentencia la Corte Suprema –no a la elección de Uribe en sí misma- , luego pierde todo sustento y razón de ser la consulta al pueblo, que sería costosa, innecesaria y que representa además un desafío a la administración de justicia.
Como es un desafío también la demanda de tutela presentada ayer mismo contra el fallo penal dictado en el caso de Yidis por el Ministro de Protección Social.