Una magistrada, la única que permanece en la Corte Constitucional -la doctora Silvia Salame- (todos sus compañeros han renunciado y no han sido elegidos los reemplazos) ha dictado, en Sala Plena, una providencia que se ha traducido en verdadero terremoto político y jurídico en Bolivia. Mediante auto, la Corte suspendió provisionalmente el acto mediante el cual el Presidente Evo Morales convocaba a referendo para el próximo 10 de agosto con el objeto de que los ciudadanos decidieran acerca de la revocatoria del mandato del propio Presidente, del Vicepresidente y nueve de los gobernadores, también denominados prefectos.
Recuérdese que varios gobernadores, a su vez, han venido convocando referendos en sus provincias sobre autonomía de las mismas, y ha triunfado en ellos el "SÍ", lo que ha generado una crisis de gobernabilidad de grandes proporciones, pues en la práctica Morales ha perdido el control político a nivel seccional. Precisamente busca el respaldo popular en las urnas, y la caída de los gobernadores opositores.
La decisión de la Corte ha sido, por tanto, un duro golpe para Evo Morales, quien ha acusado a la magistrada de usurpación de funciones y ha anunciado que interpondrá contra ella una querella por prevaricato.

Salame, por su parte, ha dicho que mantiene su decisión, pues debía darle curso a la demanda presentada, y ha explicado que si bien, por ser la única magistrada, no podía decidir sobre la constitucionalidad de la consulta, pero sí ordenar su suspensión hasta que el Tribunal tenga el quórum de miembros para analizar el recurso de inconstitucionalidad y resolver de fondo.

Para el presidente indígena, el referéndum permitirá a los bolivianos elegir entre su proyecto de refundación constitucional y los movimientos autonomistas impulsados por los gobernadores opositores en cinco de las nueve regiones del país.

La Corte Nacional Electoral (CNE), que tiene a su cargo organizar y dirigir los procesos electorales informó, en un acto de abierto desacato, que el referendo revocatorio convocado sigue en marcha, pese al decreto del Tribunal Constitucional (TC) que ordena la suspensión de la consulta.

El presidente de la Corte Electoral, José Luis Exeni, ha salido con el argumento de que la providencia del alto tribunal no menciona expresamente en ninguna parte "la suspensión del acto electoral".

Según el funcionario, la determinación del TC es "sólo un recordatorio de jurisprudencia" constitucional emitido a "título personal" por la magistrada Silvia Salame, la única en funciones en el tribunal.

"El organismo electoral prosigue en el ámbito de su competencia con todos los actos necesarios y convenientes para la debida aplicación y ejecución de la ley de convocatoria a referendo revocatorio para el día 10 de agosto", puntualizó Exeni.

Por su parte, Salame ratificó hoy que, pese a ser la única magistrada en funciones en el TC después de que sus cuatro colegas dimitieran sucesivamente meses atrás, puede firmar un decreto como el de ayer para ordenar a la Corte Electoral que suspenda la organización de la consulta porque hay jurisprudencia al respecto.

Al referendo deben someter sus cargos el presidente Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera y ocho de los nueve prefectos del país, con la excepción de la provincia de Chuquisaca, en donde no hay necesidad de revocatoria toda vez que la actual gobernadora fue elegida hace tan solo un mes a raiz de la renuncia de su antecesor.

El auto de la Corte Constitucional obedece al trámite de una demanda presentada contra el referendo por el diputado opositor Arturo Murillo, de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN).

La demanda correponde a un "recurso incidental de inconstitucionalidad", y en ella se aduce por el actor que al convocar el referendo se violó la Carta Política boliviana en cuanto este tipo de consulta no se prevé expresamente en la Constitución, aunque fue avalada por una ley del Congreso debidamente sancionada y promulgada por el Presidente Evo Morales.

Se trata entonces de una singular polémica, provocada por una no menos singular (en todos los sentidos de la palabra) providencia judicial, la cual, no obstante ser provisional, surte el efecto definitivo -mientras permanezca en vigor- de impedir que el referendo se lleve a cabo, el menos en la fecha prevista del 10 de Agosto.
Lo que se aprecia, y nos atrevemos a vaticinar, es que el Gobierno no cejará en su empeño; que desacatará la decisión judicial, y que a través de la Corte Electoral llevará a cabo de todas maneras el referendo.