Certidumbres e inquietudes

UNA INFAMIA

                                                           José Gregorio Hernández Galindo

En el sistema jurídico colombiano están garantizados de manera expresa los derechos fundamentales de los niños y su carácter prevalente, entre ellos el de ser protegidos contra toda forma de explotación laboral, económica o por trabajos riesgosos.

Téngase en cuenta que, al respecto, según el artículo 44 de la Constitución, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Pero no sólo en el Derecho Interno. Colombia, por otro lado, ha ratificado convenios internacionales de la mayor importancia que tienen como objetivo prioritario la protección y efectividad de los derechos de los niños.

Y, desde luego, es profusa la jurisprudencia constitucional al respecto.

No obstante, la vida cotidiana nos muestra un estado de cosas completamente diferente, en el cual los derechos y garantías en favor de los menores, y hasta su dignidad, son desconocidos y violados sin cesar. La explotación laboral y económica es cosa de todos los días.

Pero, como si fuera poco, ha surgido la explotación de los menores en el delito, en el terrorismo y en el vandalismo.

Además de la ya conocida y execrable práctica de guerrilleros y paramilitares que, violando todos los postulados del Derecho Internacional Humanitario, continúan reclutando niños para engrosar sus filas, ahora resulta que son precisamente los menores los protagonistas de la violencia urbana.

Las imágenes de televisión transmitidas el viernes último desde las estaciones de Transmilenio en Bogotá causaron explicable impacto en la ciudadanía, ya que pudimos ver a niños y niñas estudiantes de colegio, con sus uniformes, ejecutando los actos de ataque a los bienes públicos que avergonzaron a la Capital.

Lo grave es que no parece haber sido casualidad, y no es la primera vez. Los delincuentes que lideran las prácticas de verdadero terrorismo aprovechando el derecho a la protesta y las movilizaciones en principio pacíficas que organizan grupos de estudiantes, trabajadores o ciudadanos en general, han resuelto acudir a los menores de edad para que adelanten un trabajo indigno y para que sean ellos los que corran el peligro de ser capturados por la policía.

No tenemos duda acerca de la existencia de bandas desestabilizadoras del orden público que se han especializado en perturbar las marchas y manifestaciones pacíficas para crear el caos, desafiar a la autoridad y perjudicar a la ciudadanía, sin mayor peligro para sus integrantes, porque tienen a los menores como sus escudos. Eso es sencillamente infame.