QUE SE DIGA LA VERDAD

El secuestro del periodista francés Roméo Langlois, aparte de constituir un hecho grave por sus mismas características  -en especial por tratarse de un periodista, que además es extranjero-,  es una demostración más  -por si faltara alguna-  de que las Farc no tienen ningún propósito altruista, ni voluntad alguna de crear un clima propicio para eventuales negociaciones de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Este, por su parte, deshoja margaritas, y un día manifiesta que las condiciones para el diálogo no están dadas  -en particular por actos delictivos como el que comentamos-, y otro día insiste en la aprobación del famoso “marco jurídico para la paz”, cuyo objetivo real, dado el texto que hoy se discute, no está nada claro.

En cuanto a las Farc, se habían comprometido públicamente a poner fin a la detestable práctica del secuestro. Pero, como habitualmente ocurre con ellas, engañan al país, o cuando menos a los que creyeron en esa vana promesa, que no es el caso de quien esto escribe.

Han expresado los guerrilleros, mediante un contradictorio comunicado, que Langlois  -a quien reconocen como periodista-  es sin embargo su prisionero de guerra. Algo inaceptable desde el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario, con lo cual únicamente se busca ejercer presión, mediante chantaje, sobre el Ejecutivo para que ordene al Ejército despejar la zona con el fin de no poner en peligro la vida e integridad del plagiado, y a la vez mostrar cierta fortaleza de la organización subversiva, más que ante los colombianos, ante la comunidad internacional.

Cabe preguntar, como con toda razón lo hizo en las últimas horas el ex presidente Álvaro Uribe en extenso reportaje concedido a Colmundo Radio: ¿Quién impartió la orden para que en la operación que llevaba a cabo el Ejército en la Unión Peneya estuviera presente un periodista, además vistiendo prendas de camuflaje suministradas por el Ejército?

Es una pregunta pertinente y que el Gobierno debe responder con claridad, y al parecer así lo exigirá el Procurador General.

Un episodio, en fin, en el que no se nos ha dicho toda la verdad y que tiene al país en aprietos en el plano interno y en el internacional.