POR RICAURTE LOSADA VALDERRAMA

Se debatió y se aprobó en el Congreso -y luego se hundió, durante la semana que termina y en las circunstancias ampliamente conocidas-  uno de los tantos proyectos de acto legislativo que hace mucho tiempo se vienen presentando sobre reforma a la justicia, en razón a que este es un  viejo problema, agravado con la expedición de la Constitución de 1991, que incide de manera determinante en la vida de los colombianos y en el desarrollo del  país.

En consecuencia, mirando hacia el futuro, es conveniente y necesario  recordar algunos de los  tantos males de la administración de justicia, entre los cuales se destaca su ineficiencia.

De acuerdo a un informe reservado de la Contraloría General de la República, hay actualmente dos millones novecientos mil procesos durmiendo en los despachos judiciales, amén del millón de casos que no han llegado a los jueces, en razón a que no han sido tramitados por la Fiscalía General de la Nación, organismo éste con un inmenso tren burocrático politizado.

Y aún más grave: en los últimos diez anos, en vez de haber disminuido el déficit, este ha aumentado. Por entonces era de unos dos millones quinientos mil expedientes.

Si en el campo de la justicia nos comparamos con otros países salimos muy mal librados. Así, por ejemplo, hay Estados de América latina que teniendo menos jueces que Colombia, profieren entre tres y cuatro sentencias por juzgado, cuando nosotros producimos solamente una.

El problema se ve aún más preocupante si nos cotejamos con Estados Unidos, que teniendo once jueces por cada cien mil habitantes como  en Colombia, en ellos la productividad es siete veces superior a la nuestra. Por ello, ante la   injustificada diferencia, digámoslo en otras palabras: mientras aquí se resuelve un caso, allá se deciden siete.