No quisiéramos regresar a épocas oscuras en la historia de Colombia y del mundo en que opinar se convertía en motivo de proceso, de castigo, de persecución  y hasta de muerte. Pero parece que algunos de nuestros compatriotas quieren que así sea.

 

El caso de la ex senadora Piedad Córdoba es característico, en cuanto muestra –quizá más que ningún otro- que en los últimos años hemos llegado a unos niveles muy preocupantes de intolerancia  y de restricción a las libertades de pensamiento, opinión y expresión.

 

Aunque la Constitución las garantiza, el ejercicio de esas libertades se está volviendo peligroso.

 

Ya sabemos que Piedad Córdoba ha sido objeto de rechiflas y abucheos en aviones y aeropuertos; que en las redes sociales no faltan los insultos, las ofensas, las diatribas contra ella. Inclusive, ha sido amenazada de muerte. Se le destituyó, a falta de una, en dos ocasiones, sin mayor fundamento probatorio, y fue inhabilitada por varios años para asegurar la absoluta exclusión de sus posibilidades electorales.

 

Ahora, por manifestar su oposición al Gobierno y su adhesión a la propuesta de un referendo para incluir en la Constitución la viabilidad de la revocatoria del mandato en contra de los congresistas –y, agrega ella, también la del presidente de la República-, el Procurador General –que ya no tiene competencia sobre ella- y el Ministro de Defensa –quien tampoco la tiene- piden que sea penalmente sancionada por hechos punibles como la instigación al delito, la rebelión o el concierto para delinquir. En ninguno de los tipos penales correspondientes  encaja la conducta de una ciudadana que se ha limitado a  expresarse públicamente en sentidos y con criterios que pueden no ser compartidos, pero que son legítimos en una democracia. Claro: si la nuestra existiera de verdad.O si hubiéramos podido formar en estos veintiún años de vigencia de la Constitución una cultura democrática, tolerante, pluralista y libertaria.

 

Tengamos mucho cuidado en no permitir que este tipo de propuestas, propias de la extrema derecha, principien a calar y a ser aceptadas por la ciuadadanía, pues nos parece que, infortunadamente, funcionarios de alto rango están introduciendo conceptos totalitarios, y la experiencia histórica muestra que se comienza por allí: por instaurar el delito de opinión. Algo de extrema gravedad, frente a lo cual los demócratas no podemos permanecer en silencio..