OMAR HUERTAS DÍAZ (*)

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Ha decidido Colombia a través de su Gobierno Nacional, afrontar la situación por las graves consecuencias que ha dejado el conflicto armado, lo cual llevó al Presidente Juan Manuel Santos a propiciar un escenario  para establecer diálogos con uno de los interlocutores más antiguos del conflicto armado, es decir, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP., actores políticos armados que han enfrentado militarmente el establecimiento por más de cincuenta años.

 

Muchos son los comentarios que se generan alrededor del tema, en primer lugar, unos sectores que se pronuncian los pacifistas, los defensores de Derechos Humanos que abogan por la justicia, los sectores agrarios, los sectores económicos, y desde luego, este espacio – como algunos  otros- el sector académico, desde el cual nos permitiremos, en primera medida respaldar plenamente y sin restricciones, la labor desarrollada por el Presidente Juan Manuel Santos y el Comandante Timoschenko en el acercamiento y exploración de diálogos por la paz para el país; en segundo lugar,  estaremos atentos del proceso que se lleve a cabo para alcanzar la paz, desde las acciones asumidas por el gobierno, los actores políticos armados, las posibles reparaciones para las víctimas y las vivencias de quienes diariamente padecen los sufrimientos del conflicto armado.

 

En lo referente al apoyo otorgado a la iniciativa de diálogos de paz, cabe anotar que es una responsabilidad del Presidente gestionarla, abrir espacios para su discusión, medios que  acertadamente se han posibilitado, y son atinentes en la medida en que  ¿no es acaso un derecho fundamental la paz?,  ¿Quien no quiere la paz? ¿No nos gustaría que las generaciones futuras, nuestras hijas e hijos pudieran vivir en paz, vivir con tranquilidad?, las respuestas sólo pueden manejarse alrededor de un SÍ… Todos los colombianos tenemos derecho a vivir en paz para poder construir un país en mejores condiciones de desarrollo que las tenidas hasta el presente.

 

Ahora bien en cuanto a las orientaciones que deben acompañar permanentemente el desarrollo de los  diálogos, aclarando que el proceso de paz sólo podrá facilitarse en un contexto  sin prejuicios, basado en el principio de la buena fe constitucional, sin amenazas provenientes de ninguna de las partes, ni por parte del gobierno, ni de los actores políticos armados –FARC-.

 

En consecuencia, los intervinientes deberán llegar a sus encuentros con sinceridad, ánimo de establecer la verdad, y sin recriminaciones, porque de ser así, ambas partes tienen conductas reprochables y heridas que mostrar que nunca les llevará a un acuerdo final, y mucho menos a la reconciliación nacional, ni a la reconstrucción del tejido social que debe iniciar por el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el reconocimiento de la memoria histórica para que los hechos recriminables no se vuelvan a repetir.

 

¡En este proceso, no vale mirar hacia atrás, vale mirar al futuro, y con ello, los derechos del futuro¡ Creemos en el proceso y desde las aulas universitarias abogaremos por su buen éxito.

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(*) Omar Huertas Díaz, Mg.

Profesor Asociado Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de Colombia.

Grupo Nullum Crimen sine lege UN