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Es obvio que las instituciones existen para ponerle límites a las libertades individuales, y conducirlas hacia la construcción colectiva de una noción de conjunto que llamamos sociedad. Pero si instituciones como la Procuraduría renuncian a esa tarea, para dar paso a las creencias individuales y con ellas someter a los demás, es la sociedad la que debe levantarse para ponerle los límites a la institución.

 

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Ordóñez, el actual y muy seguramente futuro Procurador, es el vivo ejemplo de lo que no se debe hacer. Es, sin duda, una mano dura que se suaviza en cuanto encuentra su propia imagen en el banquillo. Hace parte de ese grupo de hombres que considera que la sociedad debe extirpar a los elementos que considere inadecuados, inaceptables o problemáticos, siempre y cuando lo haga en nombre de la vida.

 

Ha demostrado ser muy creativo al ponerle nombre a sus pueriles excusas a la hora de ignorar la ley, e interpreta la sociedad como a un grupo de ignorantes, incapaces de tomar decisiones. Cree que debe decidir por los demás, para salvarlos del pecado o incluso, del infierno.

 

Usa su libertad para limitar la de los demás. Se ampara en unos grupos minoritarios, como los congresistas, para legitimarse aunque su actitud sea la de deslegitimar a otras minorías más numerosas. Usa sus derechos individuales, como el de ser elegido Procurador, para aplastar los derechos colectivos, al quitarle garantías a sus contendores.

 

Pero se le abona, que nada de lo que ha hecho, ha sido ejecutado a la sombra, salvo, tal vez, el uso del cilicio. De todo lo demás han sabido todos los colombianos, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo postularon para la terna y los congresistas que tendrán la tarea de "reelegirlo" y que anunciaron el respaldo irrestricto a su nombre, pese a que todavía no hay una terna conformada. Y lo ha sabido el presidente Santos, que ahora, muy tieso y muy majo, sale a decir que el Procurador ha hecho una buena gestión y que tiene derecho a presentar su nombre para ser ternado.

 

El problema, pese a que el Procurador Ordóñez, es lo que es, no lo encarna él. Ni siquiera los congresistas, pusilánimes unos, ambiciosos otros y mezquinos los demás. El problema lo encarna una sociedad incapaz de abordar los problemas que realmente le afectan y que deja en manos de terceros las acciones que le competen, delegando lo colectivo y fomentando el individualismo. Una sociedad que se queja por todo, pero que hace poco por remediar sus problemas. Una sociedad que descarga su responsabilidad en el despotismo de la costumbre.

 

En la aceptación resignada de los gustos e intereses singulares de sus propios verdugos.

 

Tras la fatídica reforma a la justicia y pese a los escándalos sobrevinientes que pusieron el cuello de los políticos en la guillotina, la mayoría de nosotros ya olvidó los rostros y nombres de quienes en una vergonzosa manguala de baja calaña, estaban en un todo de acuerdo con una idea que ni siquiera conocían. El asunto no pasó a mayores. No ha habido sanción moral y muy probablemente no habrá sanción electoral. Los partidos vuelven a salir a la atmósfera política a hablar de garantizar las libertades y los derechos, como si no nos hubieran demostrado ya que su intención es otra y se reafirman en su hipocresía, al elegir a un Procurador que abiertamente se opone a los acuerdos colectivos expresados en la Constitución y en la ley. Su falta de coherencia, ya no da ni tristeza, ni risa: da vergüenza. Son los congresistas quienes han escrito esas leyes que vienen siendo burladas por el Procurador, pero eso a ellos no les importa, siempre y cuando el elegido les pague su apoyo con algunos de los 3.400 cargos que la Procuraduría puede brindar.

 

La sociedad no es simplemente una sumatoria de especímenes con Sisbén o sin él. Es, más que nada, un espacio en el que caben las personas desde su quehacer individual. Vale la pena preguntarse: ¿qué acciones corresponden al individuo y cuáles a la sociedad? Y analizar, ¿cuáles acciones individuales enriquecen a la sociedad y cuáles la degradan?

 

Es obvio que las instituciones existen para ponerle límites a las libertades individuales, y conducirlas hacia la construcción colectiva de una noción de conjunto que llamamos sociedad.

 

Pero si instituciones como la Procuraduría renuncian a esa tarea, para dar paso a las creencias individuales y con ellas someter a los demás, es la sociedad la que debe levantarse para ponerle los límites a la institución, a fin de preservar sus libertades en la justa medida.

 

No más aplausos a los líderes políticos que en el fragor de sus discursos reivindican las libertades y en la privacidad del capitolio, someten el país al destrozo inhumano y a la desprotección estatal. No más vivas, a los líderes de los partidos que manipulan a las masas para simular votaciones altas, que cada vez son más sospechosas pero que entre cenas y ágapes, negocian la dignidad de los colombianos.

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(*) Teresa Consuelo Cardona. Periodista. Comunicadora Social. Especialista en Gestión Política. Docente Universitaria. Clasificada en Categoría A1, por Colciencias (COL).