POR TERESA FRENTECIELO
Foto tomada de www.elheraldo.com
Ser y no ser al mismo tiempo va contra el principio lógico de no contradicción. No obstante, en este país, que no se rige por la lógica –y en pocas ocasiones por las leyes-, alguien como el Procurador General de la Nación puede salir a sostener al mismo tiempo que, en acatamiento a una orden judicial del máximo juez constitucional, rectifica en el sentido que no ha dicho tal o cual verdad; pero enseguida declara también, a pesar de lo antes anunciado, que siempre ha dicho la verdad.
En conclusión, el Procurador no rectificó. Decidió pedir la nulidad –está en su derecho-, y lo hizo rodeado de una multitud de gente –sobre este punto ya por lo menos tenemos nuestra reserva de si abusa o no de su derecho al participar como funcionario público que ejerce control en una manifestación para ambientar su petición –si bien puede hacer uso de su libertad de expresión, al menos no resulta acorde con la dignidad que ostenta esa forma de dirigirse a una Corte. Pero a lo que no tiene derecho de ninguna manera, es a burlar una orden judicial, y ese es el lamentable ejemplo que ha dado precisamente el Jefe del Ministerio Público.
Por otra parte, se presenta otro fenómeno. Hay vallas que inundan las calles de ciudades y poblaciones del territorio nacional en las que se pide que se reelija al Procurador Ordóñez. Todo tiene visos de campaña política, pero no es una campaña política –al menos no debería serlo en tanto se trata de un órgano de control. No obstante, cuando miro esas vallas, me aterro de lo evidente: un órgano de control ha sido politizado, y el temor es que ese fenómeno se extienda a los juicios disciplinarios, especialmente contra servidores de elección popular. Existe además la percepción de que el Procurador está en una cruzada contra el mal (que llama en términos políticamente correctos: corrupción), pero pienso en el peligro que alguien dé luchas irracionales en ejercicio de sus funciones públicas. Una cosa es luchar contra la corrupción –para eso está, y así debe actuar dentro del ámbito de la ley-; y otra es dividir al mundo entre buenos y malos, fieles y herejes, redimidos y condenados, sentirse iluminado, y sobre la base de considerarse el ungido, pronunciar su infalible juicio en “autos de fe”, como en la época de la inquisición, pero ahora adornados con las letras de la ley.
Y por otra parte, como se ha anunciado por varios juristas, el régimen de inhabilidades señalado por la Constitución parece haber sido violado por el actual Procurador y por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo eligieron como candidato de esa Corporación para la respectiva terna. Esperaremos qué dice la justicia al respecto cuando se decida la demanda de nulidad que seguramente se ejercerá contra el acto de elección del Procurador Ordoñez. Ojalá este tema no quede en lo que puede ser y no ser al mismo tiempo, porque se piense que todo vale, o depende de quien lo diga o de quien lo haga.
Al menos todo esto nos deja una gran lección: urge una reforma constitucional para eliminar la reelección del Procurador.
