POR OCTAVIO QUINTERO
No se requiere mucho esfuerzo mental para concluir que el actual Procurador, Alejandro Ordoñez, está impedido para continuar en el cargo por dos razones fundamentales: 1). Violación de la Constitución y, 2). Desvío de funciones y abuso de poder.
El solo hecho de que la Corte Constitucional lo haya condenado a rectificar declaraciones sobre normas constitucionales que no solo desconocía sino que inducía a los demás a desconocer, lo deja incurso en el incumplimiento de funciones, al tenor del artículo 277, numeral 1, que dice:
(…) “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”.
El segundo cargo que se le podría imputar a Ordoñez es el de abuso de poder, que es aquel que ejerce un funcionario público en beneficio de sus intereses particulares o grupales y, por ende, en detrimento del interés general.
Una tercera consideración, de sentido común, también lo inhabilitaría para ejercer tan alto ministerio en defensa de los intereses de la sociedad: su confesión religiosa, no por lo católica (¡Bendito sea Dios!), sino por lo fanática (¡eh Ave María!).
Reelegir al actual Procurador es reelegir un alto funcionario que en nada contribuye a la tolerancia social en un país que se zambulle de nuevo en su propia circunstancia en busca de la paz.
Vamos a ver (al final de este pulso), qué tanta sinceridad de reconciliación hay en el alto gobierno, que todavía tiene chance de enmendar el error de la Corte Suprema de Justicia al ternar a tan provocador personaje.
