Se ha instalado la sexagésima octava Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa  -SIP-  en la ciudad de Sao Paulo, en el Brasil.

 

 

Como es natural, los delegados de los países miembros examinan la situación de las libertades de prensa, expresión y opinión política, y la del derecho a la información, que sin duda han sido conculcados en el continente durante los últimos años.

 

La preocupación es mayúscula porque, no obstante las reiteradas denuncias, los hechos violatorios se siguen presentando.

 

Según se manifiesta desde Sao Paulo, el 67 por ciento de los periodistas americanos estima que la libertad de prensa como derecho constitucional está amenazada en nuestros países, y lo peor es que las sociedades parece que se están acostumbrando a recibir las arbitrariedades que se cometen como hechos normales, justificados, o que no revisten gravedad. Recuérdese el caso de las interceptaciones ilegales en Colombia. 

 

En esta materia, estando de por medio un elemento esencial de la democracia y siendo afectados derechos básicos de las personas, no hay acto que carezca de gravedad. La sola circunstancia de que un periodista sienta temor fundado de informar o de opinar es ya un motivo de alarma frente al cual se deben adoptar las medidas de protección indispensables y formular públicamente las denuncias del caso.

 

Sin perjuicio de las responsabilidades posteriores en los eventos en que con una información se ha ocasionado daño a derechos fundamentales de personas en concreto  -tales como la intimidad, la honra o el buen nombre-,  o se ha perjudicado a la sociedad entera  -como ocurriría si una noticia implicara pánico económico-,  en una sociedad genuinamente democrática las informaciones y las opiniones deben fluir sin dificultad, sin la más mínima injerencia de las autoridades públicas ni de los organismos de investigación. Los comunicadores no pueden ser perseguidos, vigilados o retenidos, obligados a revelar sus fuentes, ni sus comunicaciones interceptadas, ni sus grabaciones o videos inspeccionados o incautados.

 

Los gobiernos que han sido elegidos o reelegidos democráticamente deben ser consecuentes con la ideología libertaria que dicen profesar, y por tanto presidentes suramericanos como Chávez, Correa o Fernández de Kirchner están obligados a revisar sus actitudes frente a los medios que los critican o que se les oponen. La intolerancia los deslegitima, e inclusive ocasiona que sus logros electorales pierdan valor. No es comprensible que gobernantes demócratas usen contra la prensa procedimientos y métodos propios de dictadores.