Es por todos sabido, desde una perspectiva estrictamente constitucional, que la Constitución de 1991 guarda en su interior una profunda contradicción. De un lado evoca como una pretensión ética, política y jurídica el establecimiento de un Estado Social de Derecho comprometido con la dignidad humana y la consecución de la igualdad material de sus habitantes, y de otro, promueve un modelo económico que da carta blanca a la comercialización de los servicios de salud y educación, la legitimación del neoliberalismo y la extracción ilimitada de los recursos naturales no renovables. 

 

El pulso entre estas dos aspiraciones avaladas por la carta suprema: la igualdad y la desigualdad,  ha hecho que los abogados, jueces y en especial la Corte Constitucional hayan perseguido sin descanso la eficacia real de los derechos fundamentales desde una perspectiva que incluye a los derechos sociales, mientras que el sector privado, con la bandera de la libertad económica y el ánimo de lucro, haga todo por desconocerlos. En medio se encuentra una sociedad fragmentada en la que los “pocos” no quieren perder nada de lo obtenido, mientras que las “mayorías” estamos condenadas a un litigio perpetuo para obtener algo de lo prometido por la Constitución. 

 

Lo cierto es que, en 21 años, las miles de providencias emitidas por la rama judicial en la protección de derechos fundamentales ha generado una suerte de política pública social transformadora de las expectativas ciudadanas respecto a la prestación de los servicios de la salud, la educación, la pensión vitalicia, la licencia de maternidad, la estabilidad laboral reforzada de los enfermos de VIH, la vivienda digna y la movilidad. Con tal suerte que el derecho al mínimo vital se ha convertido en un poderoso argumento para poner límites a la vulneración de los derechos por parte del más fuerte, llámese Estado o sector privado. Pero, al estar sometido a la comprobación del daño ante un juez, desnaturaliza la pretensión misma de la igualdad, pues ante necesidades generales o problemáticas globales, se dan respuestas individuales. 

 

Simultáneamente el gobierno de Uribe Vélez descubrió el impacto que sobre las urnas producía el otorgamiento de subsidios bajo condicionamientos, filas, cupos limitados y entrega personal, de tal modo que Acción Social se convirtió en la principal estrategia de su campaña y el rumor de su eliminación en el principal tropiezo de sus contendores.  

 

Este parapeto de bienestar perpetua la pobreza, no ataca las bases de la desigualdad, estigmatiza la ayuda y a la población a la que se le entrega, es humillante en su trámite, y para mayor perversidad personifica la concesión de la ayuda en votos para el  gobernante que usando recursos públicos los presenta como un favor personal. Todo esto meticulosamente planeado con fines electorales ha generado una criatura que combina un modelo de estado social de la peor estirpe “neoliberal”. Esperpento que como ya se ha pronosticado, deberá crecer en aras de articular a la futura población desarmada. La mala gestión de los subsidios ha hecho que muchos colombianos de clase media rechacen el estado de bienestar sin aún conocerlo, estigmatizándolo de paternalista y populista.

 

Justamente el inicio formal de los diálogos de paz en Oslo no podría contar con un contexto estatal más propicio para poner en cuestión el desafortunado “neoliberalismo popular”, pues Noruega junto con Dinamarca y Suecia son los exponentes privilegiados de un modelo de estado social en el que el bienestar opera en beneficio de todas las clases sociales que suelen aglutinarse en una gruesa clase media, quienes pese a tener una alta carga tributaria, ven reflejados mediante equipamentos para la atención de la infancia, la tercera edad y el desempleo, las ventajas de una igualdad más real y menos judicial, en el que el beneficio no se encuentra estigmatizado por cuanto no va dirigido a paliar la pobreza sino a erradicarla y en el que la política pública de desmercantilización de los trabajadores redunda en la eficacia de un Estado de Bienestar “Socialista”. 

 

Considero que mientras no se afronte con honestidad el esquizofrénico modelo económico colombiano y no se configure un nuevo pacto social para erradicar la pobreza y generar canales de inclusión en el que todos nos veamos comprometidos, difícilmente pueden prosperar los deseos de una paz estable y duradera. Pero además es una necesidad imperiosa descargar a la rama judicial del peso de la supuesta existencia de un “estado social de expediente” para pasar a crear un verdadero pacto social por la igualdad.