POR OCTAVIO QUINTERO
Golpe de Estado. El gobierno nacional le dio golpe de Estado al gobierno distrital de Bogotá. Es así de simple, al irrumpir la Superintendencia de Industria y Comercio en las instalaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y hacerse a toda la información que quiso, incluyendo la confidencial del Gerente y de los más altos funcionarios de la empresa.
Eso es muy grave y sienta un precedente de repercusiones impredecibles en el ordenamiento jurídico y político administrativo del país, trazado en la Constitución. Tanto más grave, si se tiene en cuenta que el motivo principal del allanamiento a la EAAB, fue en defensa de un interés particular que se pretende poner por encima del interés general.
Es decir, el gobierno nacional ha violado la Constitucional de manera ostensible en tres aspectos: 1). Invadir la autonomía territorial de la ciudad más importante del país; 2). Allanar sin fundamento legal una empresa pública y 3). Asumir la defensa del interés particular de dos empresas recolectoras de basuras, desconociendo, de paso, una sentencia de la Corte Constitucional que ordena, en torno a este tema, darle tratamiento de igualdad material a los recicladores.
El precedente que se sienta es que, en adelante, con la misma excusa que se da hoy en el nivel nacional para darle golpe de Estado al gobierno distrital, podría mañana, cualquier gobernador, intervenir en su jurisdicción la decisión de cualquier alcalde a su antojo.
En realidad, el presidente Santos le dio golpe de Estado a Petro desde que nombró a Gina Parody, (derrotada en las pasadas elecciones), alta consejera presidencial con jurisdicción en Bogotá. En otros términos, el Presidente había decidido nombrar por decreto alcaldesa de bolsillo en la capital, y así se entendió desde el principio.
Eso que era una provocación a la autoridad local, autónoma por provenir su cargo de elección popular, era una afrenta de tipo político; pero lo de ayer, al intervenir sin más ni más a la EAAB, en evidente defensa de dos empresarios bien entroncados: el senador William Vélez con el expresidente Uribe y el empresario Alberto Ríos con el ministro y precandidato presidencial, Germán Vargas Lleras, se le fue la mano.
Petro debe ser rodeado de toda la institucionalidad del país: gobernadores y alcaldes porque, como dice el dicho… “Si rasuran al vecino, pon tu barba a remojar”.
Si se dejase pasar esta afrenta al gobierno distrital y a la Constitución Nacional en los términos referidos: invasión a la autonomía territorial, allanamiento sin orden judicial y defensa del interés particular, lo que sigue es frase de cajón: apague y vámonos.
