POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

¿Nos están fallando en contra porque estamos fallando?

Fotografía de www.elementosdejuicio.com.co

Sigue Colombia perdiendo los pleitos en los tribunales internacionales.

Por el fallo más reciente -uno de los más severos dictados contra el Estado colombiano-, el país ha sido señalado como violador de los Derechos Humanos por la Corte Interamericana correspondiente, a raíz de los hechos ocurridos en diciembre de 1998 en Santo Domingo (Arauca).

En esa ocasión, según la sententencia, al haber arrojado la Fuerza Aérea Colombiana un artefacto Cluster (es decir, una "bomba racimo") murieron 17 personas, entre ellos 6 menores de edad, y hubo numerosos heridos.

Colombia alegó ante la Corte que se trató de una "camión-bomba" puesto por las Farc en el sitio, y que la actividad de la Fuerza Aérea no fue la causante de la masacre, argumento que no fue aceptado por el Tribunal de Derechos Humanos, y el Estado colombiano quedó obligado a llevar a cabo, dentro del término de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos, difundiendo ese reconocimiento por radio y televisión.

Es decir, no nos hemos recuperado del golpe propinado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en cuanto a la delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua, cuando nos llega esta otra providencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha condenado a Colombia en varios otros casos.

La situación es preocupante; el Gobierno debe reflexionar sobre sus acciones y omisiones, o las de sus agentes, y examinar con cuidado lo acontecido en los distintos momentos procesales.

A veces ocurre que quienes representan a Colombia, judicial o administrativamente, admiten o aceptan sin mayor controversia o sin responder, hechos, pruebas, argumentos, elementos de juicio, antecedentes, testimonios que, después, aunque pretenda desvirtuar o contradecir, ya han quedado en el expediente, que se reflejan y que hasta pueden ser determinantes para el fallo adverso.

En materia de Derechos Humanos, no podemos negar que se han producido en nuestro territorio hechos vergonzosos a ciencia y paciencia de las autoridades -como los mal denominados "falsos positivos"-. Tampoco podemos negar que en ese campo hay demasiada impunidad; que los procesos son interminables, y que muchas veces todo ha sido cohonestado por quienes en una u otra forma representaban al Estado. Éste, por tanto, debe examinar con todo rigor y con cabeza fría si, en efecto, por acción u omisión de sus agentes, da lugar a estas condenas. Y, claro, participar activamente en los procesos internos para evitar vencimientos de términos y en general formas de impunidad.

Algo está funcionando mal. ¿Son los jueces y tribunales internacionales los que se equivocan? ¿Está Colombia mal defendida en el curso y a lo largo de los procesos iniciados en los tribunales internacionales? ¿O es que, en verdad, el Estado quiere hacerse "el de la vista gorda" en lo relacionado con formas muy diversas de violaciones de Derechos Humanos en que han participado agentes oficiales?