POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

 

Foto www.noticias24.com

 

Los medios de comunicación han destacado el caso de la niña Allison Lizeth Britel, de 11 años, muerta en Medellín durante la celebración del Año Nuevo de 2013 por causa de una bala perdida. Los irresponsables y, a no dudarlo, criminales disparos al aire con los que algunos desadaptados seguramente embriagados manifiestan torpemente su alegría causaron la tristeza y la desesperación de una familia impotente ante el carácter injusto y absurdo del suceso.. La ciudadanía ha reaccionado justificadamente con indignación, y tanto en Bogotá como en Medellín se han organizado espontáneamente marchas y protestas pidiendo justicia. 

Hemos dicho: es esta una estupidez asesina.

De hecho ya la Policía informa que en Medellín ya hay algunos nombres y alias de posibles responsables de la muerte de Allison Lizeth, y aunque será difícil, la familia de la niña y en general los ciudadanos confiamos en la efectiva localización, juicio y sanción del culpable o los culpables. 

Lamentablemente, este no es el único caso. Muchos se presentaron en distintas ciudades colombianas por esta misma época en 2011. También en 2010. Y el fenómeno no es nuevo. Lo nuevo ha sido la divulgación pública de los casos, gracias a la actividad de los medios de comunicación. En las últimas horas, con base en los datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, aseguró que en Colombia, entre los años 2001 y 2011, las balas perdidas mataron a 700 personas y dejaron heridas a otras 1.970, algunas con lesiones irreversibles.

Esos eventos se produjeron en 274 municipios del país, lo que lleva al Defensor a manifestar su insistencia en la necesidad de que las autoridades locales cuenten con sanciones más fuertes para el porte de armas o que consideren medidas como la restricción definitiva en épocas festivas o por largos periodos.

El 9 de enero de 2011, en varios periódicos del país, bajo el título “Las balas del Año Nuevo”, quien les habla escribía la siguiente columna:

“Lo acontecido en varias ciudades del país durante la fiesta del Año Nuevo, cuando personas irresponsables resolvieron celebrar haciendo tiros al aire y causaron la muerte a un niño en Soacha y graves heridas al menos a otros cinco, suscita varias reflexiones: -En primer lugar, hay de fondo una cultura generalizada de violencia que entiende como valerosa y “de hombres”, o muy graciosa, la torpe conducta de disparar en el primer minuto del nuevo año, confundiendo la alegría con el riesgo, “a sabiendas” y sin importar quiénes resulten heridos o muertos, escudado el autor –quien por tanto, lejos de ser valiente, es cobarde en alto grado- en la aparente impunidad que le ofrecen la confusión, el sonido de la pólvora, el bullicio del festejo, la oscuridad y el anonimato.

 

-En segundo lugar está la complicidad de los vecinos y amigos que acompañan al chistoso y hasta le celebran el chiste. Ellos deberían ser conscientes de que son testigos de un posible delito, a título de culpa grave o de dolo eventual, como con claridad lo ha explicado el Fiscal General de la Nación. Por tanto, si los disparos fueron hechos en su presencia y después resulta que en las cercanías hay personas alcanzadas por los proyectiles “perdidos”, están obligados a denunciar esa circunstancia ante las autoridades competentes.

 

-De otro lado, merece análisis lo relativo a las armas. ¿Cuál el revólver, o cuál la pistola de donde salieron las balas? Eso se puede establecer mediante las pruebas de balística.

 

Las hipótesis son:

-Si se tratara de un arma de dotación oficial de uso privativo de las fuerzas armadas y ello se llegara a descubrir, la situación jurídica de aquél a quien se asignó sería muy grave. Su responsabilidad penal y disciplinaria sería mayúscula, tanto si fue el autor de los disparos como si no lo fue y, por su descuido –culpa gravísima-, aquélla fue accionada por otra persona. -Si se tratara de un particular que porta un arma con salvoconducto, además de la culpa inherente a su conducta habría un evidente abuso de la confianza que en él había depositado el Estado al permitirle ese porte, que sólo tiene lugar bajo el argumento de que ella es para su defensa y no para otros fines.

 

-Y claro está que, si se tratara de alguien que posee armas sin salvoconducto, aparte de la responsabilidad en el homicidio o en las lesiones personales causadas, debe responder por el delito en que consiste ese porte ilegal e indebido de tales elementos.

-Obviamente, no se puede descartar que en muchos casos se trate de delincuentes, pura y simplemente, respecto de los cuales tendría que existir un seguimiento policial para someterlos a la administración de justicia, por este o por otros hechos punibles.

 

A nivel general, debe reabrirse el debate acerca de si el Estado colombiano puede lícitamente continuar armando a los civiles so pretexto de protegerlos. Respetando conceptos en contrario, el autor de estas líneas es partidario de un desarme general de la ciudadanía, y de que las armas de fuego solamente estén en poder de los organismos autorizados por la Constitución. Sólo el Estado debería poder introducirlas, fabricarlas, poseerlas y portarlas”.

 

Todo lo dicho hace un año está hoy plenamente vigente. Con el paso de los días y nuevas noticias, el tema se volverá a olvidar, y mucho nos tememos que el año entrante, en enero de 2014, tendremos que repetirlo. Este es el país del olvido y la inconstancia.