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Austeridad es la fórmula mágica que imponen a los países con dificultades financieras el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y dicha política termina siendo cargada a los trabajadores mediante la flexibilización, disminución o eliminación de conquistas laborales. También la austeridad la pagan los más pobres de la sociedad, merced al recorte presupuestal de la inversión social.

 

Existen otras posibilidades de austeridad que podríamos mirar. Por ejemplo, y para situarnos en el ámbito colombiano, implantar el sistema unicameral y reducir el número de congresistas. Si el país diseñara una corporación legislativa con un parlamentario por departamento (33) y uno más por cada 500.000 habitantes (90), se ahorraría la bicoca de 67 senadores y  76 representantes; en total, 143 parlamentarios con sus sueldos, prebendas y pensiones vitalicias. Échele pluma alguien a eso y verá cuánta plata tirada a la “basura legislativa”, podría destinarse a otros menesteres más apremiantes.

 

En promedio, y sin meter las manos en bolsillo ajeno, un parlamentario en Colombia tiene un sueldo básico mensual de 15 millones de pesos, aproximadamente. Esa suma, multiplicada por 143 y luego por 12 meses, nos daría al año 25.740 millones, aproximadamente.

 

Al sueldo básico agréguele (y es donde se pierden las cuentas), los gastos de representación, viajes, dietas, vehículos a su disposición, bonos de gasolina, primas salariales y “auxilios” de vivienda, salud, educación, algunos gastos confidenciales y partidas especiales, prestaciones sociales y, ahí sí como dicen, un largo etcétera. Finalmente al ingreso total del parlamentario, súmele lo que llaman “logística” a su alrededor: asesores, guardaespaldas, secretarias, oficinas, servicios públicos y siga de nuevo con el etc.

 

No estaría nadie exagerando si afirma que un congresista en Colombia puede ganar fácilmente en un mes lo que un colombiano en promedio gana en tres años: ¡Eh Ave María!

 

El país se desgreña anualmente por un punto más o un punto menos en el incremento del salario mínimo a los más pobres de los pobres trabajadores. Pero a nadie se le pone siquiera un pelo de punta frente al hecho de que la brecha salarial entre un parlamentario y un trabajador raso; o entre un gerente de banco y sus empleados de base, sea de 1 a 40, y de ahí para arriba.

 

Y esas cuentas las tenemos a la mano: las podemos ver en el DANE y en muchas otras estadísticas de entidades públicas y organismos privados. Sabemos que aproximadamente el 90 por ciento de la fuerza laboral colombiana solo gana entre uno y dos salarios mínimos, que no alcanza siquiera para suplir el costo de una canasta familiar

 

Y así, como en el caso del Congreso, podríamos ir viendo otras formas de buscar la austeridad en la conformación de asambleas departamentales y concejos municipales, o en el servicio diplomático en el que Colombia gasta más que Alemania o Inglaterra: ¡Vaya comparación!

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Fin de folio: Y pare de contar  porque nos hacemos interminables. ¿Qué tal si para buscar la máxima austeridad en los gastos del Estado le prestamos más atención a la premonitoria advertencia del entonces presidente Turbay Ayala (1978-1982) de que era necesario “reducir la corrupción a sus justas proporciones”, que tantas burlas nos ha causado desde entonces, empezando por los más corruptos?