POR OCTAVIO QUINTERO

 

 

 

De años atrás, asistimos a la revelación de toda suerte de documentos procesales que hacen parte de reservas de sumario que se divulgan a través de los medios de comunicación, algunas veces comprados en un mercado de “noticias” que ha hecho carrera en el periodismo actual.

Eso, en el mejor de los casos. Pero estas “revelaciones” son parte también de un sistema de “filtración” de noticias que se hace con distintos fines, unos perversos –por retaliación-; otros solo por ver qué pasa.

Es un espectáculo público –y gratis- seguir casos informativos como el de “Colmenares” (el estudiante  que al final de una “Noche de Brujas” amaneció muerto en un caño, y todavía no sabemos quién lo mató), o el del “Carrusel de la contratación” en Bogotá, convertido en parodia de la “Custodia de Badillo” (que todos sabemos quién fue el ladrón).

Hablando de estos espectáculos informativos bañados en violaciones de reservas sumariales y filtración de noticias, dos se disputan lo más alto del pódium: el Proceso 8.000 y la reelección de Uribe. Y pasan los años –y pasarán- y el ladrón de la custodia (o ladrones para el caso), “tirando hilo”.

Estos elefantes coronan la cúpula de la impunidad en Colombia, de la que, por lo sabido se calla. La impunidad es una sombra que cubre todo el espectro judicial en Colombia, desde simples inspecciones de policía, juzgados municipales, fiscalías, tribunales de primera y segunda instancia y las altas cortes, dejando su estela también en los organismos de control y vigilancia, genéricamente llamados “IAS”: Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Defensoría…

Aterrizando en lo local, se encuentran asuntos tan graciosos como el de una fiscal en Sopó (Cundinamarca), que se niega a decir si va a llamar a conciliación a unos sujetos procesales querellados por injuria y calumnia (¿?), o, a todo un secretario de despacho de la Procuraduría Provincial de Sabana Centro en Zipaquirá que se niega a suministrar (al propio demandante), el número de un radicado sin autorización del jefe.

En el caso de la fiscal, hace como dos años que tiene al despacho esa querella, y resulta inconcebible que en tanto tiempo no haya recabado los elementos requeridos para decidir si prosigue el proceso con la llamada a conciliación. Y en el caso de la Procuraduría Provincial de Zipaquirá, se tejen tantas versiones sobre su comportamiento en muchos casos, que podría llevar a comprobación de impunidad amañada. La lentitud procesal es la autopista por donde transita a sus anchas la impunidad.

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Fin de folio: Unos casos porque dicen mucho y otros porque no dicen nada: la impunidad se alimenta del escándalo y el silencio, al mismo tiempo.