El objetivo y la razón del derecho en una sociedad radican en realizar la justicia, introducir el orden y hacer que prevalezca la verdad. Para eso se dictan las normas jurídicas y se establecen los tribunales y los jueces.
El complejo normativo tiene que operar en función de esos objetivos superiores. De lo contrario, no corresponde a su naturaleza ni satisface las expectativas de la población.
Cuando leyes y códigos, en vez de generar certeza en los distintos ámbitos de la vida social en cuyo medio actúan, producen incertidumbre y causan perplejidad, propiciando decisiones contradictorias y bandazos de quienes administran justicia, es necesario revisar la normatividad, corregir sus textos y, si es preciso, cambiarlos por completo. Desde luego, sobre la base del conocimiento de la realidad social y consultando los valores de la justicia, la seguridad jurídica y la equidad.
Si se encuentra que el problema no reside en el contenido de las disposiciones sino en su mala interpretación, o en su indebida aplicación, el sistema debe dar lugar a que se revisen los procedimientos de selección de los funcionarios que aplican y definen el derecho.
Lo cierto es que, en la actualidad, las contradictorias decisiones de nuestros jueces y tribunales, en vez de realizar la justicia, de introducir el orden y de hacer que prevalezca la verdad, causan confusión y obstaculizan el imperio de los valores y principios constitucionales.
Aunque hay instancias y recursos, el carácter relativo del derecho no puede ser de tal magnitud que entronice el caos.
