N. del D.
Dada su trascendencia política, transcribimos en su totalidad el discurso pronunciado por el ex presidente Alvaro Uribe Vélez este 5 de julio de 2012 en el Club El Nogal de Bogotá, durante el homenaje al ex ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño Hoyos.
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Ex presidente Álvaro Uribe.
Foto: www.noticias-colombia.com
Esta noche nos reúne el ánimo común de rendir homenaje a una personalidad
destacadísima, lo expreso por los atributos del homenajeado, pero me veo obligado
a precisar que es destacadísima, no porque el doctor Fernando Londoño Hoyos sea
una especie extraña al pueblo colombiano, al contrario, es uno de sus más fieles
intérpretes.
El reciente atentado costó la vida a dos ciudadanos, de oficio escoltas, sin dobleces,
que protegían al dr Londoño. Un conductor de servicio público quedó con severas
limitaciones, varios compatriotas de Bogotá fueron heridos, y el país volvió a sentir
los explosivos en su capital, con la diferencia de una seguridad democrática en
abandono y erosión.
El reciente atentado se proponía privar a Colombia de un periodista que orienta
con la convicción y la erudición, insensible a la lisonja, impenetrable a la dádiva,
carente de interés por los halagos del poder, orgulloso en la independencia de su
proceder y solamente abordable con la fuerza de las ideas. De un luchador sin la
frialdad calculada de los desapasionados, pero con la comprometida pasión, la
que construye y hace bien, que surge de la tranquilidad por la coherencia entre el
pensamiento sobre lo público y la manifestación que se comunica a la ciudadanía.
De un jurista de talla superior. Del orador fogoso de la plaza pública y el expositor
hilvanado y congruente de la cátedra. Su tono de voz siempre alto, siempre erguida
su actitud. Carece de los altibajos que se dan en aquellos que de tanto calcular,
tienen que hacer frecuentes altos para volver a barajar, y así salirse de las trampas
tendidas por su propia incongruencia.
Se habría comprendido que la reacción gubernamental ante el atentado, además
del rechazo, hubiera carecido de precipitud para lanzar imputaciones. Lo que
para muchos es inaceptable, es que se habló de mano negra, con la evidente
intención de exculpar a los terroristas de la Farc, a propósito de que el crimen no
alterara la opinión requerida para avanzar en las negociaciones, que han dejado
de ser secretas, no porque haya información oficial, sino porque las delata el
debilitamiento de la seguridad.
El día del atentado avanzaba a marcha forzada el Marco para la Paz. En múltiples
ocasiones se han expresado los riesgos de impunidad, de abandono a las víctimas
y de daño a la democracia al facilitar la elegibilidad política de los criminales.
Voces del Gobierno y del Congreso engañan a la opinión ciudadana y también a
las Fuerzas Armadas. Dicen en público que Timochenko no será elegible, pero
quisieron imponer la elegibilidad del delito de lesa humanidad. Y a pesar de los
esfuerzos de Juan Lozano y de Juan Carlos Vélez, todavía, los amigos de tan fatídico
camino, preservan la ilusión de incorporar, como conexos con el delito político al
narcotráfico y a las graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario, y
convertir a sus actores en candidatos de elección.
Nos tiene que preocupar que cuando el país había avanzado en la conciencia colectiva, en la cultura militar y policiva, y en el reconocimiento internacional de
que en Colombia no tenemos insurgentes contra la opresión sino narcoterroristas
contra la democracia, este Gobierno retrocede, los valida como partes del conflicto
y de contera impone frenos a las Fuerzas Armadas para actuar con contundencia
contra el crimen organizado como las Bacrim.
Y nos tiene que preocupar, todavía más, que varios colombianos, entre ellos
muchos de los aquí presentes, nos hemos ido llenando de desconfianza en el doble
discurso de la palabra oficial y de algunos miembros del Congreso. Está bien
que haya discrepancia, humano es errar, pero se hace daño irreparable al crear
desconfianza.
Hace poco, un columnista, me criticaba porque según él, al publicar yo en una
cuenta de twitter las noticias sobre los hechos de violencia, los magnifico y hago
daño al país y al Gobierno. Qué equivocado resulta pretender construir imagen
a través de ocultar la violencia. Mientras unas distinguidas damas en Popayán
nos presentaban angustiadas sus preocupaciones por el recrudecimiento de la
violencia, un grupo de amables amigos aquí en Bogotá me decía “ex Presidente es
que usted exagera, cálmese”.
No, de manera ninguna, el silencio y la indiferencia del pasado, frente a un rio de
sangre en cuyas orillas lloraban desconsolados los deudos de los asesinados, no
pueden regresar al hábito colectivo. Inaceptable que maten a nuestros soldados
y policías y nada digamos, que el secuestro parcialmente lo sustituyan por la
extorsión apoyada en el explosivo y no musitemos palabra, que el decrecimiento
de asesinatos en campos y ciudades oculte el control territorial del crimen y
nosotros mudos.
La crisis de 2002, que recibe nuestro Gobierno, tuvo entre sus causas el
esparcimiento de la violencia durante años, que no se le enfrentó debidamente,
con los ciudadanos callados y resignados a esperar acuerdos de paz. Si algo
ganó Colombia en los años de la Seguridad Democrática, fue crear una cultura
que valora la seguridad, la evolución en el sentimiento colectivo que la veía
inalcanzable, a la confianza de que es obtenible. Este valor agregado no puede
perderse, por eso hay que oponerse a que se estimule el silencio, por eso debemos
contribuir a que los ciudadanos protesten y presenten sus quejas. Con muda
resignación a parte ninguna iremos, con vocería y lucha todo podrá llegar.
Pero mientras el Marco para la Paz avanza raudamente, se perdió la posibilidad
de tener un fuero militar claro en breve tiempo. De acertarse en la aprobación del
proyecto del Congreso, para su vigencia requerirá una ley estatutaria refrendada
por la Corte Constitucional, proceso que puede demorar 20 meses. Todavía se
culpa a nuestro Gobierno de haberlo debilitado por las medidas que empezaron a
tomarse en 2003 para proteger los Derechos Humanos y evitar la acusación falsa
a las Fuerzas Armadas. Llama la atención que si el problema reside en el acuerdo
de nuestro Gobierno con la Fiscalía, durante estos dos años, no se haya al menos
realizado un acuerdo de modificación del alcance interpretativo.
Encuentro muy injusto que cuando una ONG extranjera se opone al Marco para la Paz, el Gobierno la desoye en claro beneficio para la guerrilla. En cambio cuando
la oposición es al Fuero Militar, el Gobierno, sumiso, corre a retirarlo, en claro
perjuicio para nuestros soldados.
Nos duele que la única luz para tantos militares y policías presos sea la oferta de
tratarlos de igual a igual con los criminales, y que los obliguen, en contra de su
fuero íntimo, a someterse a sentencia anticipada para evitar mayores, en muchos
casos, injustas condenas. Los soldados y policías necesitan soluciones jurídicas.
Requerimos que el Congreso, a cuya elección contribuimos y de qué manera,
trabaje en una jurisdicción, que podría ser temporal, para abordar los expedientes
y revisar sus situaciones jurídicas.
Cómo pretender que haya seguridad si nuestros soldados saben que en el
ánimo del Gobierno prevalece la intención del diálogo con el terrorismo y en los
criminales la vocación de incrementar la violencia!
Cómo pretender que haya seguridad, cuando los beneficiarios políticos de la
Seguridad Democrática, que están en el poder, se han olvidado de los soldados y
policías, que la hicieron posible, y que están presos, en muchos casos por evidente
injusticia.
Cómo pretender que haya seguridad si el Gobierno muestra más interés en
rechazar la denuncia que en combatir el terrorismo.
El deterioro de la seguridad, la brecha que se ahonda entre la palabra del Gobierno
y los hechos que padecen los colombianos, hace perder la credibilidad en el
Ejecutivo, y arriesga que, en el mediano plazo, se desfigure la confianza y el
afecto colectivo a las Fuerzas Armadas y se regrese al pasado de indiferencia y
aislamiento civil frente a ellas.
Al recrudecimiento de la inseguridad contribuye la inclinación del Gobierno
a considerar la legalización de las drogas ilícitas, en abierta contradicción con
el discurso de campaña. Se ha tratado de desconocer el mérito de la Reforma
Constitucional de 2009, que al hacer énfasis en la ilegalidad, dispone que el
consumidor o adicto no puede ser llevado a la cárcel sino al hospital, que debe
adelantarse una campaña permanente y envolvente de prevención y educación,
pero, que el distribuidor, de cualquier dosis, debe ser conducido a la cárcel.
El Gobierno parece menos solidario con las familias afectadas por el invasivo
narcotráfico, y más afín con poses libertarias, que desconocen que las drogas
anulan la fuerza de voluntad del individuo, que es la esencia de su libertad, y lo
convierten en un riesgo para el prójimo. El tema necesita una gran conciencia de
inculcación de valores en las familias y de continuada acción estatal. El discurso
legalizador del Gobierno produce desgano en el policía para exponerse al riesgo
del combate al narcotraficante.
Veo que también “pertenecen al pasado” acciones que ayudaban a mejorar
la seguridad como la organización de 4 millones de ciudadanos informantes,
desarmados y apoyados en comunicaciones, los lunes de recompensa y las familias
guardabosques. Debemos preguntar por qué el Gobierno escondió el Convenio de lucha contra
el Narcotráfico con los Estados Unidos, cuyas negociaciones condujo nuestro
Ministerio de Defensa, en sus inicios con la administración Bush y en la etapa
crucial y final con el Presidente Obama. Objetado por el Consejo de Estado por qué
este Gobierno no lo presentó al Congreso, para su ratificación, donde ha tenido
mayorías que rayan con la unanimidad. E inquieta más sospechar, con fundadas
razones, que fue para complacer a algunos vecinos latinoamericanos, descuidados
y laxos con el narcotráfico, a los cuales se les tolera acuerdos nucleares con Irán.
Temo que en materia de economía y política social el Gobierno haya recogido
una buena cosecha que heredó, se esté gastando incluso las semillas y volvamos a
ritmos mediocres de desempeño.
Mucho influyó en la elección del actual Gobierno nuestro reiterado esfuerzo
para fijar en el alma de los ciudadanos la necesaria relación entre la Seguridad
Democrática, la Confianza Inversionista y la Cohesión Social. Además de las
malas señales de inseguridad, hay otras que no pueden desestimarse en el frente
económico.
Nuestro Gobierno logró que la tasa de inversión productiva del sector privado, sin
la cual no hay empleo, pasara de un 8% del PIB a algo superior al 22%. La presente
administración heredó esa tendencia pero parece ignorar sus orígenes. Le quitaron
a toda la economía el estímulo a la reinversión de utilidades; si bien el petróleo, el
carbón, la minería, la propiedad raíz, la actividad financiera ya no la necesitaban,
las otras actividades si. Es un riesgo cambiar de reglas de juego en un país que
apenas ha estado apareciendo recientemente en las pantallas de atracción de
inversión. Nosotros le cobramos el impuesto de seguridad democrática a los más
pudientes pero simultáneamente dimos incentivos a la inversión. Simplemente
bajar el impuesto a los grandes patrimonios, como lo han decidido en otros países,
es un albur, las sumas que ahorran en pago de tributos, no necesariamente van a
inversión. Lo nuestro fue diferente, nuestros apoyos se condicionaron a la efectiva
expansión productiva y de servicios, fuentes de empleos de calidad.
Para cobrar impuestos hay que crear inversión que al final del día pueda pagarlos.
Por eso sorprende que el Gobierno actual haya sido receptivo a aquellos que
menosprecian los estímulos a la inversión y los llaman “gabelas a los ricos”. Y
sorprende más ante la evidencia del impacto positivo de los estímulos.
Ahora, en medio de un clima preocupante en la economía mundial, se amenaza
con nueva reforma tributaria. Fuera de la intención de desbordar el gasto público
y maltratar la inversión, no hay razones para más impuestos. El Gobierno heredó
una bonanza de ingresos, el años pasado el recaudo superó los 86 billones, esto sin
incluir los impuestos municipales, departamentales, los parafiscales y los pagos del
empleador a la seguridad social. Al inicio de nuestro Gobierno la suma estaba por
debajo de 30 billones.
Los incentivos a la inversión, no a la gran fortuna, retornan con creces al fisco el aparente costo inicial por incorporarlos. Los estímulos, al cabo de algún tiempo,
hacen que el recaudo crezca, en su valor relativo, esto es, como porcentaje del PIB.
Suprimirlos simplemente da razones de desconfiar en la seriedad del País.
Y hay otros estímulos, que se crearon apenas hace pocos años, totalmente
necesarios como la ley de estabilidad en las reglas tributarias, sometidos a
desaceleración o parálisis en su aplicación.
Es frecuente escuchar anuncios y reversas que desorientan y asustan a
empresarios y trabajadores. Los anunciantes, por lucirse con una denuncia de
corrupción, lanzan el manto de la duda sobre todo un sector de la economía o de
los servicios.
Da la sensación que la teoría económica de los académicos que dirigen la política
oficial es ajena a los intereses productivos y de empleo.
Nuestra moneda ha continuado revaluada, tema que fue uno de nuestros
dolores de cabeza. La diferencia es que nosotros no vacilamos en apoyar a
los exportadores para mantener las nóminas de trabajadores. Esos apoyos
los suprimieron con el pretexto de acusar a nuestro Gobierno de que eran
corruptos. Sería lamentable que a pesar de los tratados de comercio se desacelere
el incremento, e incluso se disminuya el volumen de las exportaciones no
tradicionales.
La Ley AgroIngresoSeguro fue concebida para apoyar la competitividad nacional
e internacional del sector agropecuario, en el marco de los tratados de comercio
que incluyen países como los Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea,
que subsidian altamente a este sector. La ley ha sido sometida a un profundo
descrédito, se le cambia de nombre, y aunque la quieran esconder, su texto y sus
bases fundamentales cobran toda la vigencia. El Gobierno se queja de que no
estamos preparados para competir, pero paró por largo rato el apoyo al campo, y
ahora lo maneja gota a gota y a regañadientes.
Nadie discute el imperativo de destinar el mayor porcentaje de los recursos a los
pequeños y medianos productores, así lo hizo nuestro Gobierno, sin embargo, la
empresa agropecuaria grande y organizada es necesaria para el mundo actual.
Esto último se soporta en muchos argumentos que se resumen en uno: para el año
2030, y 18 años pasan en nada, la población del planeta necesitará un aumento
del 50% en la producción de alimentos, con el obstáculo de una reducción de
la productividad, que anticipan entre el 15% y el 25%, como efecto del cambio
climático. Esta meta no se podrá cumplir en ausencia de grandes empresas
agropecuarias.
La empresa Argos tenía un proyecto de 40 mil hectáreas de reforestación en
los Montes de María, una alta proporción mediante convenios con campesinos
propietarios, quienes preservando plenamente la propiedad de sus tierras, las
harían producir a través de este tipo de asociaciones. El proyecto está estancado
en 2 mil hectáreas debido al discurso político amenazante. Para conocer la bondad
de este tipo de asociaciones, entre empresas serias y pequeños propietarios, basta visitar a María la Baja, en el extremo norte de Montes de María, allí, un viejo
proyecto de reforma agraria había dejado las tierras en rastrojos y los campesinos
propietarios sin ingresos. Con los instrumentos legales y la voluntad de nuestro
Gobierno se obtuvo lo que es hoy un ejemplo económico y social.
El pequeño propietario no alcanza a tener ingresos que le permitan esperar el
largo plazo de una cosecha de madera. Por eso, el camino indicado es la alianza
estratégica con empresas sólidas y honestas. Incluso, el tema de la caficultura
debería revisarse, así como es prioritario que por intermedio de la renovación
subsidiada se defienda el ingreso del campesino, también es urgente que Colombia
recupere su peso en las exportaciones mundiales del grano, para lo cual se
demanda la presencia de la gran empresa como complemento del pequeño cultivo
y garantía de cumplimiento con los requerimientos del mercado.
El campo sufre el peligro de una actitud gubernamental con hostilidad demagógica
contra la gran empresa y coqueteo, también demagógico, al campesino.
El dr Londoño diariamente presenta sus válidas preocupaciones por la ley de
tierras y por la nueva crisis de ingresos que empieza a afectar a los cafeteros.
Mucho más útil resulta para la economía y la cohesión social apoyar la
remuneración de más de 500 mil familias cafeteras que estar inventando nuevos
destinos de gasto público.
Nadie se opone a procedimientos expeditos para devolver la tierra a campesinos
desplazados, es una consecuencia esperable de la seguridad democrática. Por
eso nuestro Gobierno, gracias al dr Fernando Londoño, entonces Ministro del
Interior y de Justicia, introdujo modificaciones a la ley de extinción de dominio,
para hacerla más ágil, que se complementaron con la exigencia de entrega de
bienes y reparación de víctimas de la ley de Justicia, Paz y Reparación. Creemos
que habría bastado un ajuste en el reglamento para responder al clamor de agilizar
devoluciones. En la idea fundamental no nos oponemos a la ley, pero es grave
para el país que sus cláusulas se constituyan en amenaza para todo empresario
del campo, nivelando a la ciudadanía honesta con los criminales. Se necesita el
equilibrio entre el derecho del desplazado a recuperar su tierra y el derecho a la
defensa del poseedor de buena fe frente a la denuncia temeraria. Que se restituya
al campesino pero nunca que se apodere al invasor de tierras como su vocero, ni
al antiguo secuestrador, con la careta de columnista, a sueldo del erario público,
como el espadachín que injuria y calumnia para tapar desaciertos oficiales. Y si
continúa creciendo la inseguridad podríamos regresar a un campo que expulsa
empresarios y campesinos, convertido de nuevo en imperio de bandidos.
Muchos que quieren imitar la obra reformista del ex presidente Alfonso López
Pumarejo, deberían recordar que su revolución fue armonizar al capital con el
trabajo, al empresario del campo con el campesino por la vía de conceder el título
de propiedad a la correcta explotación de la tierra. En lugar de estimular conflictos
entre unos y otros, resolvió la disputa entre quienes explotaban la tierra y los
títulos que les negaban.
Nuestro apoyo resuelto a las gentes del campo nos generó la ilusión que Colombia nunca regresaría, a aquello que da señales de revivirse; los productores
agropecuarios en el riesgo de quedar atrapados entre el desafiante discurso
agrarista, el apoyo anémico y mínimo a la producción y la amenaza de narco
guerrillas y narco bacrim, con nuevos ímpetus de dominar la ruralidad.
Hay sectores de la economía, anunciados como locomotoras, sometidos a la
incertidumbre de las licencias. No se entiende que hayan creado nuevas y costosas
entidades burocráticas para conocer estas solicitudes y pronunciarse sobre ellas,
cuyo resultado ha sido la demora y el burocratismo. Sabemos que hay que proteger
páramos, zonas de reserva, nacimientos de agua, etc, donde no puede existir
minería, pero nada justifica la parálisis que podría verse en el sector, a sabiendas
que la explotación con alta tecnología es la salvación del medio ambiente y la
mejor compañía del pequeño minero. Países de todas las orientaciones ideológicas
se benefician de la demanda China por estos productos y aquí, embebidos en
el debate sin sentido, damos la impresión de querer renunciar a esta fuente de
bienestar ciudadano. Mientras se frena la alta tecnología, la ilegalidad destruye
cuencas, terrenos, bosques, y paga la cuota extorsiva a criminales de diferente
pelaje.
El sindicalismo empresarial fue un buen desarrollo de nuestro Gobierno, ese
embrión subsiste a pesar de la indiferencia oficial. Su esencia es la ecuación del
empleador con solidaridad y el trabajador con responsabilidad empresarial. Una
manera de implementarlo es el contrato colectivo de obra con la organización de
los trabajadores, además la prelación que debe concederse a esta para servicios
de tercerización. De esto modo, la mera lucha reivindicativa es remplazada por el
entendimiento fraterno de largo plazo.
Muchas veces he pensado, que nuestra Patria, que no estaba convertida en un
paraíso, iba por buen sendero. Seguramente este Gobierno, que para elegirse
se valió del anterior, desestima estos temas porque inicialmente no resultan
suficientemente taquilleros en las encuestas, que las prefieren sobre la sólida
credibilidad sostenible en el tiempo. Nada diferente se puede pensar al conocer
casos de sindicalismo armado ante un Gobierno de regreso a conceptos
anacrónicos y de espaldas al horizonte del entendimiento fraterno entre
empleadores y trabajadores.
Lo que podríamos llamar el frente social ha estado liderado por la ley de
tierras dentro de la ley de víctimas. Nuestro Gobierno introdujo la reparación
administrativa de las víctimas y la hizo posible gracias a la Seguridad Democrática
que permitió que las víctimas reclamaran. Acatamos las recomendaciones del
Ministerio de Defensa de entonces y exigimos que los integrantes de las Fuerzas
Armadas no fueran tratados en igualdad de condiciones con los victimarios
guerrilleros y paramilitares. Confieso que en mi caso se pierde la fe en el diálogo
cuando la única respuesta del Gobierno es que cambió de opinión, y de las
mayorías parlamentarias ninguna razón se escucha diferente a la obediencia al
ejecutivo, muchas veces por simple clientelismo.
La política social se estanca o se reduce a la par que aumenta la burocracia
para manejarla, bajo el argumento equivocado de la reforma administrativa, de confundir eficiencia con gigantismo estatal. Se abandonó el Estado Comunitario,
creo que se valieron de él para la elección, pero ni lo valoraron ni le prestaron
atención. Han echado para atrás la desburocratización y se desvanece la intensa
participación popular. Ojalá se actúe con rapidez para evitar que la salud y cajas de
compensación familiar causen amargas noticias de crisis por falta de recursos.
Los gastos de personal, sumados el Gobierno central y los establecimientos
públicos, pasaron en billones de pesos, de 15.8 en 2010, a 18.3 en la apropiación
inicial de 2012. Variaciones que superan el doble de la inflación.
Se les olvida que en el pasado América Latina vio desaparecer el Estado por
obra de sus aparentes antípodas, el neoliberalismo que lo deroga y el social
burocratismo que lo arruina.
Estamos de regreso al Estado derrochón con puestos públicos y gastos suntuarios.
Y si algo ofende al pueblo, y hiere a la democracia, es la pompa ostentosa del
funcionario publico, con recursos del erario, que los ocultan tras las grandes cifras.
El Presidente Alberto Lleras nos dejó la gran lección de que la prudencia en las
relaciones internacionales no puede justificar la legitimación de las dictaduras.
Un tiempo atrás, el Presidente Eduardo Santos nunca transigió con las dictaduras
europeas de los años 40 de siglo XX, abrió las puertas de Colombia a demócratas
perseguidos y llegaron intelectuales y científicos que han hecho grandes aportes.
Estamos en desacuerdo que por 800 millones de dólares se legitime una dictadura
que da refugio a los terroristas colombianos. Ese dinero se le habría podido prestar
al sector privado a largo plazo.
Estamos en desacuerdo en crear la ilusión de que la laxitud con la dictadura traerá
beneficios económicos a sabiendas que conduce al pueblo venezolano a la ruina.
Estamos en desacuerdo con hacer creer a los ciudadanos de frontera que ya todo
se arregló con la dictadura, pues en cada anochecer hay incertidumbre sobre el
nuevo amanecer, porque es el dictador, que por caprichos personales, sin límites
institucionales, define si la gasolina cruza o no, o si se restringe o se permite el
tránsito de mercancías.
Estamos en desacuerdo con que se considere a la dictadura Chavista como factor
de estabilidad de Venezuela y la región.
Estamos en desacuerdo con la apuesta de implorar de la dictadura Chavista el
milagro del acuerdo con las narco guerrillas, de las cuales esa dictadura es su
cómplice.
Estamos en desacuerdo con consolarnos por el hecho de que las guerrillas también
estuvieron en el pasado en Venezuela, el Presidente Carlos Andrés Pérez propició
diálogos pedidos y consentidos por nuestros gobiernos, y el Presidente Rafael
Caldera expresaba temor, según sus palabras, “de llevarse la guerra a Venezuela”,
si optaba por combatirlas. La gran diferencia entre ellos y la dictadura Chavista es que esta última las protege, las legitima, les hace homenajes y las prefiere sobre la
democracia colombiana.
Soy consciente que necesitamos acción política, debemos emprender recorridos.
Estamos en la lucha y esperamos que nuestros futuros candidatos salten a la arena.
El Congreso no ha querido aceptar que las encuestas se deterioran al descubrir la
ciudadanía que la aparente gobernabilidad, ese acuerdo que le permite al Gobierno
sacar adelante sus proyectos, es deleznable al basarse en los favores entre titulares
de instituciones.
En esta hora de la vida, al tener el cabello cubierto, en las bellas palabras de
Gaitán, por la “nieve superior de la existencia”, no hay aspiración de distinciones
ni búsqueda de halagos, pero siempre indefectible compromiso con el pueblo.
Sí, soy del pasado, así lo indica la cédula, sin embargo, lo grave es volver al pasado
de la frontera con Ecuador retomada por la narco guerrilla, repoblada de coca,
con asesinatos de trabajadores, como el de ayer, y la destrucción de equipos e
instalaciones, que expulsan la inversión que atrajimos y nos devuelven a aquel
pasado anterior al mío, sin esperanza.
Estamos prestos a contribuir a una coalición de convergencia al Puro Centro
Democrático, con los ciudadanos y partidos, a participar en la elaboración de la
plataforma, a animar precandidaturas y a apoyar a un gran candidato.
En cada momento Colombia, “Primero Colombia”, esos lazos del alma con la Patria,
nos imponen franqueza en el comentario, autenticidad en la propuesta y cuidado
para evitar la anarquía o la temerosa vacilación.
Un grupo de ciudadanos, que merecen todo el respeto, ha propuesto una
Constituyente. La justicia es el centro de gravedad para que opere el consenso
sobre lo fundamental del cual hablara Álvaro Gómez Hurtado. El ex Presidente
Alfonso López Michelsen, propuso una Constituyente para este tema y
la organización territorial regional. La Corte Suprema, que era el juez de
constitucionalidad de la época, declaró inexequible la norma que la convocaba.
Se han hecho esfuerzos como los de la Constitución de 1991, y los de nuestro
Gobierno, orientados a implementar el sistema penal acusatorio, agilizar
procedimientos y agregar recursos con la creación del arancel judicial.
No obstante lo anterior, hay materias pendientes que tienen que ver con derechos
de las personas, calidad de los titulares, necesidad de talanqueras a la intromisión
de la politiquería, procedimientos garantes de prontitud y acierto, prerrogativas de
quienes abandonen el crimen y se sometan al juez, etc. Para el futuro de Colombia,
estas decisiones deberían ser objeto de un consenso con amplia participación
popular. Una Constituyente, limitada en sus atribuciones a reformar la justicia,
dedicada a este propósito sin la interferencia de interés diferente, puede ser
respuesta al clamor de la hora. Sus promotores deben ser escuchados, también
quienes impulsan el referendo. Unos y otros deberían reunirse dado que la justicia
es un tema de unidad para que pueda haber pluralismo político. El Gobierno, el Congreso y todos los estamentos que agrupan ciudadanos deberían examinar con
sus voceros las dos propuestas y acordar un camino para el País.
Sobre el Congreso puede haber varias propuestas de reforma. En nuestro proyecto
de ley de referendo de 2003 se propuso reducirlo en su tamaño y que fuera
Unicameral. El Congreso no aceptó el unicameralismo, y al Referendo, la gran
cantidad de votos en favor, no le alcanzó, debido a las cédulas de los muertos, de
los militares y otros factores que inflaron el censo electoral, ampliamente alegados
en la época ante el Consejo Electoral.
Podemos decir que la principal razón del bicameralismo es el control de la segunda
cámara a lo aprobado en la inicial. Al estar ambas cooptadas por el ejecutivo y
anuladas en su raciocinio, el bicameralismo renuncia a su virtud. La necesaria
participación popular, ahora con el dinamismo de las redes sociales, es la mejor
vigilancia al Congreso y puede justificar la adopción del sistema Unicameral.
No podemos omitir el enorme daño al Congreso deparado por los auxilios
ofrecidos por el ejecutivo, llamados proyectos indicativos y defendidos por el
Gobierno como factor integrante del derecho de los congresistas a participar en
el gasto público. El mecanismo se presta para manejos turbios y malversación
del gasto en un país con escasez de recursos. El Gobierno, que ha pasado de
redistribuir regalías a despojar regiones productoras, no tiene problema en
permitir que el parlamentario distribuya 4 mil, 5 mil, o más millones de pesos al
año.
Que en cada ciudad y pequeño poblado de la Patria se reconstituya la organización
política, que integre ciudadanos y organizaciones. Que tome cuerpo nuestra
coalición del Puro Centro Democrático, que discuta y estructure una plataforma
de seguridad, inversión productiva e incluyente, esto es social, al alcance de los
jóvenes y de los sectores populares, acompañada de una permanente revolución
educativa, que promueva un ambiente de discusión con credibilidad, que es el
supuesto necesario para que florezca cohesión social en un marco pluralista de
libertades.
Simplemente quiero ser trabajador de esa lucha. El diálogo permanente que
mantengo con los compatriotas, sus angustias e ilusiones, la gratitud con
una Nación que me permitió estar en la Presidencia durante ocho años, la
responsabilidad frente a los actos de ese Gobierno, la solidaridad con mis
compañeros y el compromiso con las nuevas generaciones, son elementos que
motivan mi acción.
Cuando escucho la voz firme, el concepto claro y profundo, expresado en la
tenacidad del dr Fernando Londoño, confirmo que no hay justificación para la
renunciación.
Además, sencillos y espontáneos compatriotas, como una señora de Barraquilla
que me grita “Uribe, dale, dale, dale al twitter”, son en parte culpables de nuestra
febrilidad por Colombia.Este es un homenaje a la honradez intelectual, al carácter, a la persistencia sin
cálculo del dr Fernando Londoño, y es un homenaje a su familia, a Margarita, a
sus hijas, a Fernando, teniente del Ejército. Un homenaje al hogar que ha rodeado
con calidez a esa persona que hoy nos congrega, y que es factor de seguridad en el
estado de ánimo de la Patria.
