Habrá quienes sostengan que no se puede hacer nada, que las guerras siempre se han librado a expensas de la población civil, y que nada puede cambiar nunca. Se equivocan.
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La importancia de las normas sobre protección de la población civil estriba en garantizar que, en caso de que esas normas se incumplan, la rendición de cuentas y la justicia sean reales.
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Asombrosamente, algunas de las personas responsables de los actos criminales de tortura aún parecían seguir creyendo que no tenían nada de qué avergonzarse. Desde Washington a Damasco y desde Abuja a Colombo, los líderes gubernamentales han justificado terribles violaciones de derechos humanos arguyendo la necesidad de mantener la "seguridad" en el país. En realidad, ocurre lo contrario. Esas violaciones de derechos humanos son un motivo importante por el que hoy en día vivimos en un mundo tan peligroso. Sin derechos humanos no puede haber seguridad. Hemos visto una y otra vez que, aun en épocas que parecen funestas para los derechos humanos –y quizá especialmente en esas épocas–, es posible generar un cambio extraordinario.
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Los conflictos y la inseguridad malograron la vida de innumerables personas en África y, con diversos grados de intensidad, afectaron a casi todos los países. Estos conflictos se caracterizaron por persistentes abusos y atrocidades cometidos por fuerzas gubernamentales y por grupos armados. República Centroafricana se vio asolada por un ciclo de violencia sectaria y atrocidades masivas, que incluyó homicidios, tortura, violación, mutilación de cuerpos, secuestros, desplazamiento forzado y reclutamiento y uso de niños y niñas soldados.
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En el vecino Sudán del Sur, decenas de miles de personas –muchas de ellas civiles– perdieron la vida y 1,8 millones se vieron obligadas a huir de sus hogares en el marco del conflicto que estalló en diciembre de 2013. Las fuerzas del gobierno y de la oposición demostraron un total desprecio por el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Todas las partes en el conflicto atacaron y mataron a civiles a causa de su etnia, incluso a quienes habían buscado seguridad en lugares de culto y hospitales. La violencia sexual era generalizada, y también eran endémicos los saqueos y la destrucción de bienes. A pesar de la magnitud de los abusos, y aun cuando millones de personas continuaban en situación de riesgo de hambruna y enfermedades, las dos partes hicieron caso omiso de varios acuerdos de alto el fuego.
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Todas las partes en el conflicto violaron el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los grupos armados reclutaron por la fuerza a personas, incluidos niños y niñas, y secuestraron, torturaron y mataron ilegítimamente a otras. La violación y otras formas de violencia sexual eran prácticas muy extendidas. La situación humanitaria experimentó un rápido deterioro debido al conflicto, la sequía y la reducción del acceso a la ayuda humanitaria. Al terminar 2014, más de un millón de personas estaban en situación de crisis humanitaria y otros 2,1 millones necesitaban asistencia.
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La violencia y la inseguridad aumentaron debido al recrudecimiento de los actos de terrorismo –como en Somalia, Kenia, Nigeria y toda la región del Sahel– a los que en muchos casos las fuerzas gubernamentales respondieron con graves violaciones de derechos humanos. Entre los abusos cometidos por los grupos armados se contaban homicidios ilegítimos, secuestros, tortura y ataques indiscriminados. En Somalia, facciones de Al Shabaab torturaron (10 Informe 2014/15 Amnistía Internacional) y mataron ilegítimamente a personas a las que acusaron de espiar o de no plegarse a su estricta interpretación de la ley islámica. Mataron a personas en público –en algunos casos por lapidación– y llevaron a cabo amputaciones y flagelaciones.
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En muchos países, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y oponentes políticos estuvieron constantemente expuestos a amenazas, detención y reclusión arbitraria, palizas, tortura, desapariciones forzadas e incluso muerte a manos de agentes gubernamentales o de grupos armados.
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La impunidad fue un denominador común en los conflictos armados de África, y las personas sospechosas de responsabilidad penal en crímenes de derecho internacional casi nunca rindieron cuentas.
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El juicio de soldados congoleños ante un tribunal militar por la violación en masa de más de 130 mujeres y niñas, así como por los asesinatos y saqueos perpetrados en Minova, concluyó con sólo dos sentencias condenatorias por violación de los 39 soldados juzgados.
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La tortura y otros malos tratos persistían en países como Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea Ecuatorial, Mauritania, Nigeria y Togo, en gran parte debido a la falta de garantías de rendición de cuentas por estos delitos.
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Kenia propuso cinco enmiendas al Estatuto de Roma, incluida la modificación del artículo 27 para impedir que la Corte Penal Internacional procesase a jefes de Estado y de gobierno en ejercicio. En mayo, los ministros de la Unión Africana que examinaban las enmiendas al Protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos acordaron ampliar las categorías de personas que podían disfrutar de inmunidad ante la jurisdicción penal del tribunal recién establecida. En su 23 periodo ordinario de sesiones, la Asamblea de la Unión Africana aprobó después esta enmienda, cuyo objetivo era conceder a los líderes africanos en ejercicio y a otros altos cargos del Estado inmunidad procesal por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, un paso atrás y una traición a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Los jefes de Estado y de gobierno optaron por protegerse a sí mismos y a los líderes futuros de procesamientos por violaciones graves de derechos humanos en vez de garantizar la justicia para las víctimas de crímenes de derecho internacional. En cualquier caso, la Corte Penal Internacional conservará la facultad de investigar a los jefes de Estado y de gobierno africanos en ejercicio de cualquier Estado Parte en el Estatuto de Roma por crímenes de esa índole, pero 2014 será recordado como el año en el que algunos Estados africanos y (Informe 2014/15 Amnistía Internacional 13) la Unión Africana desplegaron activamente iniciativas políticas para menoscabar la labor de la Corte Penal Internacional.
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