La denominada, por paradoja, “ley de justicia y paz” no fue otra cosa que un camino fácil abierto a los autores de los más graves crímenes contra la humanidad para garantizarles que quedaran impunes, o pagando penas irrisorias.

El principio de oportunidad, introducido por la Constitución con el sistema penal acusatorio, es, por la misma causa, altamente discutible desde la perspectiva del interés de la sociedad y de la eficaz administración de justicia.

Además, hay cárceles especiales para ciertas personas, y algunas de ellas son verdaderos hoteles de cinco estrellas, como lo ha denunciado la revista SEMANA.

¡Pero qué le vamos a hacer! Esas instituciones hacen parte del sistema jurídico vigente, y ahora lo menos que podemos hacer es exigir que cuando se apliquen, ello se haga dentro de los criterios señalados por la ley y que, hasta donde sea posible, no favorezcan a los peores criminales o a los delincuentes de cuello blanco, tan de moda entre nosotros.

En cuanto al principio de oportunidad, el artículo 321 del Código Penal, dispone que su aplicación se haga “con sujeción a la política criminal del Estado, pero como en Colombia no existe política criminal del Estado, lo vienen aplicando con un sentido caótico, dando margen al capricho de los funcionarios competentes y, lo peor, permitiendo la manipulación arbitraria por parte de los procesados y sus apoderados. Y no se diga otra cosa de la mal llamada ley “de justicia y paz”.

En verdad, contra el más elemental criterio de justicia   -“dar a cada cual lo que le corresponde”, según Ulpiano-,  mientras la mayoría de quienes cometen delitos menores pagan penas largas y en toda su extensión, y son recluidos en cárceles que son una vergüenza para el Estado colombiano, y que por sus condiciones ofenden la dignidad humana, los autores de delitos y crímenes atroces, o los defraudadores del Fisco, que tienen dinero e influencias, se acogen a la ley de justicia y paz, o al principio de oportunidad, con el embeleco de la colaboración con la justicia, y pagan penas ridículas en cárceles lujosas, en cabañas o en instalaciones militares, y “a todo dar”, como dicen los mexicanos.

Agreguemos las rebajas de penas, por supuesto trabajo o estudio, o “buen comportamiento”, y la posibilidad existente de seguir delinquiendo desde la cárcel, y tendremos el panorama completo, que no es de justicia sino de injusticia.