Hay oportunidades en que las decisiones judiciales dejan al ciudadano desinformado y perplejo, no solamente por causa de la fundamentación jurídica  -muchas veces variable y discutible-,  por los cambios bruscos de jurisprudencia, por las discrepancias doctrinarias entre jueces, sino también por razón de ostensibles disparidades respecto a los hechos mismos.

Es el caso de la más reciente decisión de la Fiscalía General, respecto a lo ocurrido en el municipio de Mapiripán hace catorce años, confrontado con lo expuesto sobre el mismo asunto en sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en otro fallo, el de carácter penal, dictado contra el General Jaime Humberto Uscátegui, quien por esos hechos fue condenado a cuarenta años de prisión.

Resulta increíble la enorme distancia entre el número de víctimas de la masacre, señalado por la Fiscalía, y la cantidad en que se fundó el fallo de la Corte, que condenó a Colombia por ese crimen de lesa humanidad. Dice la información del diario “El Tiempo” del 25 de octubre: “…según la Fiscalía, el número de víctimas de la incursión fue 10 (tres desaparecidos, tres homicidios, cuatro muertos en la Cooperativa) y no el medio centenar que señala la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y versiones de testigos”.

Así, pues, la Fiscalía habla de siete muertos y tres desaparecidos, al paso que la Corte Interamericana suministra un número de cincuenta.

Me pregunto: ¿Cómo es posible una equivocación de esa magnitud? ¿Cómo puede entenderse que haya una diferencia, no de 2 o 3, sino de 40 muertos? ¿Qué explica semejante diferencia? ¿Qué resultó de las pruebas en uno y otro proceso?

Alguna de las decisiones judiciales está equivocada, y la equivocación no es de poca monta.

Siempre he pensado que una sola persona muerta por acción u omisión de otra constituye grave atentado contra la sociedad. Mucho peor es una masacre, cometida en contra de muchas personas, a mansalva y con la sevicia que han mostrado entre nosotros los grupos armados de derecha e izquierda, todos igualmente criminales.

Pero la sociedad, en este caso no sólo de Colombia sino de toda América, tiene derecho a saber lo que verdaderamente ocurrió y fue probado. Y tiene derecho a la exactitud de los fallos judiciales, que no pueden producirse en un clima en el que todos tenemos la sensación de que alguien miente.