Aunque al momento de escribir estas líneas, dos días después de las elecciones, todavía no se conocen los resultados finales y completos de la votación sobre referendo, todo parece indicar que, si pasan algunas de las 15 preguntas formuladas al pueblo el 25 de octubre, lo harán a  la manera de los estudiantes mediocres, es decir, “raspando”, lo que significa, de una parte, es inocultable la derrota para sus promotores, y de otra que en esos puntos la Constitución habría sido reformada, muy precariamente, por una minoría de los colombianos.

Pero, con independencia de cuántos de esos interrogantes resulten aprobados en forma tan lánguida, lo cierto es que la propuesta del referendo fracasó. Se incurrió en un costo inmenso; se desgastó el Presidente de la República en un exceso de exposición mediática; se quiso constreñir a los votantes, anunciando grandes catástrofes en la economía y en el orden público si el referendo no era aprobado; se plasmaron normas absurdas como la del Consejo Nacional Electoral a cuyo tenor los votos nulos tienen validez; se expidió a última hora un decreto prometiendo beneficios a quienes votaran, pese a que de la Constitución y de la sentencia dictada por la Corte Constitucional resultaba que la abstención respecto del referendo era una opción legítima que no podía ser discriminada; empresas privadas prometieron a sus trabajadores, “generosamente”, un día de descanso adicional si sufragaban por el referendo; los medios  electrónicos se pusieron todos al servicio de esa causa; se presentó a los abstencionistas como amigos del terrorismo..., y sin embargo, en una alentadora muestra de madurez política, los ciudadanos no concurrieron a las urnas en la magnitud en que se lo pedía el Gobierno, y ni siquiera  en el mínimo exigido por la Carta Política para la validez de las reformas.

Una vez más, entonces, aunque algunas de las preguntas resulten forzada y difícilmente aprobadas, se ha demostrado que el pueblo es superior a sus dirigentes; o, dicho en otros términos, que la gente no es tan boba como algunos piensan.

Ahora se nos aparece el Ministro del Interior pidiendo públicamente que se disminuya el censo electoral del 25 de octubre en forma retroactiva, para que baje también el umbral; o que se contabilicen, además de las nulas, las tarjetas no marcadas. No se sabe cuál de las dos ideas resulta más arbitraria y antijurídica, pero podemos afirmar que una y otra corresponden a típicas “patadas de ahogado”.

En todo caso, lo lamentable del proceso, más allá del desengaño del Ejecutivo, es el perjuicio que se le ha causado a un instrumento de participación tan importante como el referendo, que tal vez nadie en los próximos años se atreverá a proponer de nuevo.