La obligación de pagar impuestos, tasas y contribuciones para el funcionamiento y operación del Estado y para las obras públicas, es inherente al concepto mismo de una sociedad organizada. Si hago parte de la comunidad, estoy en el deber de contribuir a sostenerla proporcionalmente a mis ingresos. Tengo que “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”. (Art. 95 C.P.).

Obviamente, como también los establece la Carta Política, el sistema tributario debe fundarse en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, y las leyes tributarias  -falta eso en la Constitución-  deberían ser claras para que las relaciones de los ciudadanos con el Fisco fueran igualmente claras.

En efecto, no se discute el compromiso de todo ciudadano. Lo que hay que discutir es lo atinente al sistema tributario, que entre nosotros es poco menos que caótico. La complejidad de las normas que consagran los tributos es tan alta que el propio ordenamiento, por sus mil vericuetos, ocasiona y facilita la evasión y la elusión tributarias.

Si ese sistema fuera más sencillo; si todos los contribuyentes, sin necesidad de tantos asesores jurídicos o contables, supieran cuáles son los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos; si, diciendo la verdad, pudieran presentar sus declaraciones entendiendo lo que hacen y sin tantas reglas y excepciones, seguramente el Estado doblaría o triplicaría los recaudos. Pero aquí están diseñadas las cosas de tal manera absurda que quien dice la verdad resulta sancionado, y quien miente u oculta sale beneficiado.

Es necesario que el nuevo Gobierno y el Congreso se ocupen en la tarea de simplificar las relaciones entre la administración y los particulares en este aspecto tan importante. Resulta urgente que se reestructure el sistema de manera razonable, y que se cierren las puertas hoy existentes hacia el fraude tributario, que están abiertas por causa de las dificultades que las mismas leyes han creado a lo largo de los años.

Los especialistas en el tema estarán de acuerdo en que la mayoría de los ciudadanos están dispuestos a pagar los impuestos, pero quisieran hacerlo sobre reglas definidas y dentro de esquemas menos complicados y más transparentes, de suerte que a los contadores no se los contrate  -como ahora pasa con frecuencia-  para que señalen el mejor camino hacia la evasión, sino simplemente para que presenten las cuentas claras.