El Procurador General anunció en los medios electrónicos, e ignoramos si ese anuncio está cristalizado en alguna resolución o acto,  que, basado en una grabación magnetofónica de declaraciones del Ministro del Interior y Justicia, iniciaría investigación acerca de la posible participación de dicho funcionario en política, respecto al tema de la reelección presidencial para el período inmediato.

Preocupó al doctor Maya el hecho de que, en su presentación radiofónica, el Ministro se hubiese referido a la negociación  del Gobierno con los conservadores sobre las cabezas de los organismos de control, a cambio de su apoyo  -finalmente otorgado-  a las aspiraciones del candidato Uribe.

Con independencia de la suerte que corra la investigación anunciada, lo cierto es que   -como lo habíamos dicho desde antes-,  hay una clara participación en política de varios servidores públicos, encabezados por el propio Jefe del Estado, cuando a nadie se oculta que en la actualidad  -aunque se esté tramitando la reforma-  la Constitución prohíbe al presidente en ejercicio aspirar  a ser reelegido, y también consagra de modo perentorio que quienes ejerzan autoridad no pueden tomar parte en debates de naturaleza política ni utilizar sus cargos para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política, ya que ello constituye causal de mala conducta.

Decimos que se trata de un debate cobijado por el artículo 127 de la Constitución, toda vez que el tema no se está discutiendo en abstracto, ni para futuras elecciones presidenciales  a las cuales sea ajeno el actual Gobierno, sino que precisamente ha surgido y se ha desarrollado ese debate a propósito de la propuesta  -en últimas originada en Palacio-  de reelegir, con nombre propio, al doctor Álvaro Uribe, quien también ha manifestado su deseo de que ello ocurra.

Estamos, pues, ante una controversia de marcado sabor electoral, aunque pretenda disfrazársela de desinteresado  proyecto de reforma constitucional, y están en juego indudablemente las aspiraciones, también electorales, de un candidato  -que ya lo es Uribe-  quien, para poder alcanzar sus ambiciosos propósitos, toma la modificación de la Carta Política apenas como un instrumento orientado a esa finalidad política.

Si a esto se añade que en el primer debate en el Senado de la República ha aparecido también la inminente posibilidad de reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, tenemos un panorama que no solamente es político sino “politiquero”, cuando las instituciones en vigor excluyen, hoy por hoy, esas reelecciones.

¿Cómo vamos a negar que la materia sobre el tapete es netamente política, o que los servidores públicos que han hablado están tomando parte en una controversia que compromete las aspiraciones políticas de su jefe máximo?.

¿Y, si el Procurador u otra autoridad (dice el Procurador que en el caso del Presidente la Comisión de Acusaciones de la Cámara) concluyen que no hay elemento político alguno en esta discusión, cuál sería el motivo para impedir que todos los servidores públicos, incluidos los jueces, los miembros de organismos de control y las autoridades electorales participen, también activamente, a favor o en contra, en ese debate?.