Quienes creemos en la necesidad de preservar, como una invaluable conquista de la civilización moderna, el respeto a la dignidad de la persona  -concepto que incluye a todo ser humano en cuanto tal, con independencia de su origen, religión, sexo, nacionalidad, ideas políticas, nivel educativo, raza o posición económica-  no podemos ser indiferentes ni guardar silencio ante lo que ocurre en el mundo, y también entre nosotros, en materia de derechos fundamentales.

Cada vez con mayor preocupación estamos viendo que los instrumentos jurídicos concebidos y orientados hacia la obtención de una mínima certidumbre acerca de la intangibilidad e inviolabilidad de aquéllos, aun en medio del más agudo conflicto, muestran su debilidad ante la barbarie, el fanatismo, las conveniencias políticas o la ambición de poder.

Hay momentos y circunstancias en los que, ante hechos tan crueles como las decapitaciones de personas civiles secuestradas, indefensas e inocentes (Nicholas Berg, Paul M. Jonson y Kim Sum-il, por ahora), o frente a la impunidad que parece apoderarse del caso de torturas en Irak, se cae irremediablemente en el desaliento, pero resulta necesario respirar profundo y tomar nuevas energías para seguir en el empeño de lograr que en el mundo  -¿será una utopía?-  impere el Derecho sobre la arbitrariedad y la razón sobre los impulsos salvajes no a la inversa.

Son demasiadas las ocasiones, sobre las cuales el conglomerado parece no tomar conciencia, en que se advierten flaquezas en los sistemas de protección de los derechos; deficiencias en la operación efectiva de organismos internacionales que –como las Naciones Unidas- se crearon precisamente con miras a evitar que en el mundo ocurriera lo que ocurre en Irak; exacerbación del autoritarismo  -como sucede con frecuencia en el mundo, después del 11 de septiembre de 2001, o en Colombia so pretexto de la seguridad democrática-; retroceso de los ordenamientos jurídicos en el campo de las garantías de derechos y libertades       -como lo demuestran la “Ley Patriota” en Estados Unidos o el “Estatuto Antiterrorista” en Colombia-; volubilidad, debilidad o incoherencia al adoptar trascendentales decisiones judiciales; inexplicable resignación de facultades y obligaciones por parte de organismos investigativos; manipulación y adulteración de pruebas judiciales respecto de crímenes de lesa humanidad; esterilidad de esfuerzos en busca de un efectivo control político que impida abusos contra los derechos humanos; frivolidad de medios de comunicación en el trato de las noticias sobre actos de barbarie; inconcebible indiferencia del Estado y extraordinaria crueldad de los grupos armados en lo concerniente a la libertad y la vida de las personas secuestradas; pérdida  -absoluta en muchos casos-  del más elemental concepto  jurídico o humanitario en la toma de decisiones en materia  de derechos civiles, y consiguiente predominio de intereses políticos de coyuntura; progresiva insensibilidad social ante la violencia y el crimen, y también respecto del grave deterioro en la efectividad de los derechos, libertades y garantías ciudadanas; falta de políticas estatales  -no apenas gubernamentales-  en materia penal; inversión de valores y carencia de principios en el seno de la colectividad; posibilidad, aceptada socialmente, de que todo se compre y todo se venda.

En fin, tras la visión de este desolador panorama, termina uno preguntándose si, de verdad, han servido para algo las conquistas del Derecho en el último medio siglo.

Tienen que servir  -respondemos-, pero hay que asumir vigorosamente su defensa.