Los últimos acontecimientos relativos a la búsqueda de reformas constitucionales sobre la administración de justicia demuestran a las claras varias cosas:

1. Que el Gobierno continúa totalmente desorientado, no solamente en relación con lo que debe ser la política estatal en la materia -que sencillamente no existe-,  sino en torno a los varios anteproyectos que en su seno han sido elaborados y, lo que resulta más grave, en lo que concierne a  la situación actual del problema y a las vías de solución reales frente al mismo.

2. Que el famoso acuerdo político  -entre cuyos temas está el de la justicia-  tiene muy pocas posibilidades de éxito mientras permanezca huérfano de todo contenido,  ya que se hicieron las cosas al revés y se celebró un pacto vacío y a ciegas.

3. Que la fusión de los ministerios del Interior y Justicia, con la práctica desaparición del segundo, ha sido un rotundo fracaso. Siendo el Ministerio del Interior el de la política, ha sido inevitable que los temas de justicia se hayan politizado, en especial si se tiene en cuenta el hecho de que el titular de la cartera no es actualmente un abogado y está convencido de que estas cosas se manejan más con relaciones públicas que con propuestas de fondo.

4. Que los viceministros de Justicia, confundiendo la fusión de los ministerios con la acefalia  de la nueva cartera, se han creído ministros, y han aspirado a adoptar ellos, sin consultar con nadie, las grandes decisiones, lo que ha provocado las naturales confrontaciones con sus jefes. Ellas, además, se han hecho públicas, ofreciendo ante el país un espectáculo deplorable de falta de concierto y de total pérdida de rumbo en asuntos tan importantes.

5. Que los críticos y enemigos de la Constitución de 1991 desconocen las bases ideológicas de la misma; no entienden lo que es el Estado Social de Derecho; ignoran  el objeto del control de constitucionalidad; desprecian el concepto de derechos fundamentales y subestiman la importancia de los mecanismos constitucionales de su protección judicial.

6. Que el Gobierno, dentro de un criterio neoliberal en lo económico, quiere supeditar la Constitución a los dictados del enfoque económico profesado por los partidarios de dicho modelo, por lo cual las providencias judiciales que realicen postulados básicos del Estado Social de Derecho o que reivindiquen los derechos esenciales  de las personas son miradas con desdén por los funcionarios encargados de cumplirlas, aunque de labios para afuera  proclamen que las respetan.

7. Que a los propósitos de esta administración, contra la Carta del 91              -anunciados desde antes de su instalación por el Ministro Londoño-  les llega como anillo al dedo la injustificada diatriba de la Corte Suprema contra el Tribunal Constitucional.