Una vez más decimos que la mala actuación de algunos funcionarios no debe repercutir en daño de las instituciones, por cuanto ello carcome inevitablemente la estructura misma del Estado de Derecho.

Es esa la razón para que hayamos sostenido que los llamados a indagatoria y las detenciones de varios congresistas por sus posibles vínculos con organizaciones delictivas no pueden significar la disolución del Congreso, su cierre, o la anticipación de las elecciones para las que, según la Constitución, faltan todavía más de tres años.

Indudablemente hay una crisis, pero se debe procurar que ella produzca un desenlace benéfico para las instituciones y no a la inversa. Que sirva para llegar a la verdad, la justicia y la reparación, pero no para que, cubiertos muchos por el manto de la duda y la sospecha, mueran Sansón y los filisteos.

En primer lugar, las responsabilidades penales deben establecerse judicialmente, y han de recaer en concreto y de manera individual sobre quienes han incurrido en conductas punibles, de manera estricta y fuerte, pero sin que las sanciones puedan extenderse a personas no comprometidas, cuyos antecedentes son limpios y claros.

¿Cuál sería la razón válida para que quienes aspiraron legítimamente y fueron elegidos lícitamente por los votantes quedaran en forma automática marcados por un baldón colectivo, siendo inocentes?

Además de injusto, eso sería desastroso como precedente en el curso de la vida democrática del país, y causaría desconfianza e inseguridad hacia el futuro acerca del buen uso de los instrumentos de participación popular, principalmente el sufragio. Implicaría minar la credibilidad de todos los procesos electorales, lo cual, a su vez, significaría vivir a sabiendas en una democracia de mentiras.

Lo que se debe hacer es otra cosa: llevar hasta su culminación los procesos iniciados, con confianza en la Corte Suprema de Justicia; acatar y hacer cumplir sus fallos; y propiciar, desde luego, reformas que, para el futuro, garanticen la pureza de los comicios y excluyan de ellos toda posibilidad de burla al Derecho, de fraude, o de imperio de la violencia o los dineros mal habidos.

De la misma manera, se debe distinguir entre los varios casos de filtraciones y conductas irregulares denunciados en estos días en el interior de la Fiscalía General de la Nación, y la institución misma, que como tal no puede perder el norte de su trascendental función.

Lo malo es que, en todos estos casos, contrariando lo que debería ser convicción general, con arreglo al orden jurídico, la opinión pública, por una tendencia natural a extender los efectos de las crisis, viene perdiendo  -de modo protuberante-  esa confianza, tan valiosa, en sus instituciones.